En las últimas semanas es objeto de comentario recurrente la inminente “revolución administrativa”, con la que se pretende simplificar la burocracia administrativa para la gestión de los fondos europeos Next Generation. Razonamiento ya que, de principio, me plantea una pregunta, creo que obvia, ¿por qué simplificar sólo para la gestión de los fondos europeos? Es que acaso en los demás procedimientos, en los que quizás no se manejan millones de fondos pero que sí se afectan a un buen número de personas ¿no es necesario?
Sí lo es. Llevamos muchos, muchos años hablando de simplificación administrativa. Más de 60, pero la aplicamos poco, tal y como veíamos aquí. Y no es tan difícil. Desde la óptica de la simplificación podemos apreciar dos dimensiones: la formal y la material. La formal, la del lenguaje administrativo ha sido analizada recientemente en un artículo cuya lectura recomiendo ¿Habla claro la administración pública?: formularios de ayudas incomprensibles para los ciudadanos .
El estudio (realizado por la consultora Prodigioso Volcán) reseñado se ha elaborado con las siguientes características:
- Análisis de 760 textos administrativos, a los que se ha sumado un cuestionario a veinte técnicos de la Administración Pública y entrevistas a expertos en diferentes disciplinas,
- Los textos analizados en el estudio, procedían de 14 ministerios, 12 comunidades autónomas, once ayuntamientos, seis universidades y cuatro organismos estatales.
la conclusión:
- Un 78 por ciento de los textos administrativos no son claros, y el 97 por ciento de los formularios para la solicitud de ayudas, becas y subvenciones, resultan en su mayoría incomprensibles y rebuscados para el ciudadano.
Los datos se han obtenido en el marco de un análisis de la lengua española con técnicas de inteligencia artificial con el objetivo de transmitir de forma fácil y transparente información relevante para la ciudadanía por cualquiera de los diferentes canales actuales –papel, teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivo.
El paradigma de este análisis es el formulario para la solicitud del Ingreso Mínimo Vital en el que se da la antítesis de la simplificación en ambos niveles: formal y material. Desde el punto de vista formal, implica cumplimentar 22 páginas con más de 7.000 palabras en las que predomina un lenguaje burocrático y administrativo. Pero más allá de la complejidad del lenguaje, está la complejidad en la tramitación y en la gestión, solicitando, precisamente a un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad. Se contraviene de ese modo el mandato de simplificación que recoge la propia normativa no ya de 2015, sino la anterior de no solicitar la información a la ciudadanía, de no añadir cargas innecesarias, respetar el derecho a no presentar documentación. Hay que reforzar la Plataforma de Intermediación de Datos (PID).
Ya en el año 2008 el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, aprobado por el Consejo de Ministros contemplaba como medida indirecta de simplificación de cargas Simplificación y unificación del lenguaje administrativo facilitando la comprensión, cumplimentación y tramitación de documentos. Pero 12 años después y a pesar de iniciativas como la “better regulation” incluida en la LPAC, no estamos mucho mejor, básicamente hemos convertido la burocracia de toda la vida en burocracia digital, como decíamos aquí “la transformación no es cambiar la burocracia en papel en burocracia digital, que no consiste en la mera utilización de herramientas electrónicas y digitalización de los procedimientos, sino en hacer más fácil la vida a la ciudadanía, en gestionar la información y los datos para prestar mejores servicios y cumplir con las funciones asignadas. Porque la situación ya es muy difícil, no la compliquemos más. Hagámoslo fácil, hagámoslo digital.”
Ante esos anuncios de revolución administrativa, simplificación y modernización por obra y gracia de Real Decreto-Ley, conviene recordar que la modernización de la administración pública no va (sólo) de leyes ni de tecnología, va de personas, de modelos de organización, de liderazgo y de cultura activa hacia la ciudadanía, y como decíamos en “Modernizar la Administración ¿otra vez?”: “exige abordar el proceso de forma transversal y centrada no sólo en el BOE y en la tecnología, sino en las personas, tanto en las que forman parte de la administración como en la sociedad en su conjunto. De lo contrario, tras la enésima reforma legal, nos encontraremos ante un nuevo ejercicio de gatopardismo que no nos podemos permitir”. Una realidad diseccionado a la perfección por Carles Ramió en “Administración digital secuestrada”, en el que expresa “administración pública bastante bien dotada tecnológicamente, pero anoréxica en función de un moderno sistema de gestión pública”.
Volviendo al estudio sobre los formularios, recordar una más de sus conclusiones “la redacción de los textos no se dirigen a los ciudadanos sino a los propios técnicos de la administración con el uso de la voz pasiva, de palabras poco comunes, mala puntuación y exceso de referentes normativos». No puede ser. Para el ciudadano pero sin el ciudadano, debemos transitar de una administración endogámica a una administración ciudadanocéntrica, y eso, ni una ni mil normas lo podrán conseguir. Decía G. Brassens que “La única revolución es intentar mejorar uno mismo esperando que los demás también lo hagan”, adaptando la atribuida a Marie Curie“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en su propia mejora”. Completamente de acuerdo: la revolución administrativa empezará desde dentro, en las propias administraciones con las personas a su servicio cambiando el modelo organizativo y las estructuras decimonónicas. No en el BOE. No sólo para los Fondos Europeos. ¿A qué estamos esperando?
