Administración sin papeles. Con esa expresión se hace referencia a la administración electrónica, a la administración digital, que promete mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los servicios públicos, simplificación y reducción de cargas administrativas y plazos. Promesas de momento incumplidas, al menos parcialmente. Pues a pesar de que la sociedad en su conjunto ha transitado de forma natural a relaciones en entornos tecnológicos, como la banca on line o las compras de todo tipo, tanto en un gran gigante conocido por todos o en otros grupos empresariales, cuando tienen que hacer un trámite administrativo siguen prefiriendo en muchos casos la modalidad presencial. Y ello es así, básicamente por dos razones.
La primera, porque no tienen otra opción. Porque la administración sin papeles existe de verdad todavía en muy pocas administraciones públicas. Porque ante el múltiple y heterogéneo ecosistema de administraciones existentes en España, Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, administración institucional, pueden encontrarse entidades que se han adaptado plenamente al S XXI, pero también otras que siguen ancladas en los tempranos años 90 del siglo pasado, utilizando la tecnología como avanzadas máquinas de escribir y almacenamiento de información, sin gestionar datos ni transformar la forma de trabajar. Ante esa situación a la ciudadanía no le queda más que ceder a la realidad, pedir cita previa e invertir un valioso tiempo en algo que podrían realizar en condiciones más óptimas.
Pero todavía hay otra razón, que sino es peor, al menos sí más lacerante desde el punto de vista de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Aquélla situación en la que las administraciones, bajo las promesas de la tecnología, de la administración digital, se han limitado a transformar la burocracia en papel a burocracia digital, que siguen exigiendo documentación innecesaria (eso sí, on line), que trasladan la complejidad de la tramitación presencial a lo electrónico, pensando que el formato es lo que define la transformación digital. No es así. Para que la transformación sea real y la sociedad pueda beneficiarse de sus ventajas, es necesario un cambio de mentalidad, un cambio organizativo y cultural en el funcionamiento de la administración, que, en lugar de requerir documentación a la ciudadanía, la gestione por sí misma, y que en un mundo marcado por una nueva cultura, la cultura del dato, sea proactiva en la resolución de problemas a la sociedad y no generadora de ellos.
Recientes ejemplos están demostrando que lo digital no siempre es garantía de mejor tramitación. Pero debería serlo, porque la administración digital permite que las personas realicen sus trámites desde su casa o desde cualquier lugar, sin desplazamientos, a cualquier hora y sin someterse a las rigideces de horarios administrativos. Una oportunidad para demostrar los beneficios de la interoperabilidad, un término con el que no todos estarán familiarizados, pero que básicamente garantiza la posibilidad de que las administraciones obtengan la información del lugar en el que está sin añadir cargas a las personas, y que puedan facilitar las gestiones administrativas, incentivar el desarrollo social y económico y facilitar el emprendimiento en la era de la gobernanza de los datos.
Por ello resulta paradójico que, mientras nos vamos familiarizando con términos como inteligencia artificial, blockchain, o big data, con tecnologías altamente disruptivas, en la era de la cuarta revolución industrial y del 5G, todavía exista un importante número de administraciones que no han completado el ciclo de transformación digital, que siguen tramitando en papel o que no son interoperables en sus procedimientos digitales y que, en consecuencia, siguen trasladando las cargas administrativas a quienes deben servir, a la ciudadanía, sin olvidar la brecha digital en su doble dimensión, de capacitación y de conectividad.
No se puede dilatar más. La administración digital debe hacerse realidad en el conjunto de administraciones y entre el conjunto de administraciones. La pandemia ha demostrado que el formato digital es el futuro, ya lo era antes, pero la grave situación debería terminar de convencer a los escépticos, a los negacionistas de lo digital. Si antes del Covid19 era una obligación, ahora, con una difícil situación social y una fuerte crisis económica en ciernes, la digitalización es ya un deber inexcusable. Pero debe hacerse bien, siendo conscientes de que la transformación no es cambiar la burocracia en papel en burocracia digital, que no consiste en la mera utilización de herramientas electrónicas y digitalización de los procedimientos, sino en hacer más fácil la vida a la ciudadanía, en gestionar la información y los datos para prestar mejores servicios y cumplir con las funciones asignadas. Para ser administraciones útiles, centradas en las personas. Administraciónes «ciudadanocéntricas». Porque la situación ya es muy difícil, no la compliquemos más. Hagámoslo fácil, hagámoslo digital.
NOTA: Esta entrada ha sido publicada originalmente como artículo de opinión en El Correo Gallego, disponible en el siguiente enlace.
