Un día cualquiera usted tiene que hacer un trámite ante la administración y puede encontrarse con dos escenarios. El primero, un regreso, un flash-back al S XX (por no decir S XIX), donde le piden copia del DNI, fotocopias compulsadas y casi una prueba de ADN para obtener un simple certificado digital. El segundo, una pantalla (no hay otra opción) que si hay suerte le permitirá realizar el trámite sin demasiado sufrimiento, y si no la hay le tendrá horas delante del ordenador, descargando aplicaciones, cambiando navegadores, quizás para acabar en una gestoría, por agotamiento. Pero tranquilos, ya estamos en el S XXI.
Recientemente se ha publicado el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI«, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y sindicatos, en el que se pretende poner en marcha una política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nuevamente nos habla de una Administración del siglo XXI. El acuerdo recoge distintas medidas, una gran parte internas pero también externas.
¿Cómo afectará a la ciudadanía? Entre las distintas medidas recoge una que está en el centro de todos los debates, la digitalización, en el debate porque en algunos casos porque se queda corta y en otras porque se pasa de frenada, bloqueando la atención presencial. De hecho, el primer punto contempla que se tendrá en cuenta la garantía de la atención directa, presencial y personal en la administración, en especial a la población con más dificultades digitales. La necesidad de que personas atiendan a personas es un clamor a voces, la Covid ya no puede ser una excusa y la transformación digital tampoco.
El segundo, la inclusión del principio de simplificación y reducción de cargas en los procesos de digitalización. Reconozcámoslo, tramitar por la vía digital no siempre es más fácil que hacerlo presencialmente ni en papel, y no, la culpa no es de la tecnología. La culpa es en muchos casos de la falta de planificación, de no pensar en los usuarios, en las personas que deben realizar los trámites, de las personas responsables que se limitan a presumir de los avances digitales, sin preocuparse de cuántas personas se han quedado atrás en ese avance. No sólo no se simplifica, se complica todavía más.
Finalmente, el impulso de un plan específico sobre digitalización de las administraciones en las zonas con menor población y más dispersa. Algo absolutamente imprescindible en Galicia, con un elevado número de núcleos rurales y una población muy envejecida. El acuerdo habla de formación y dotación de nuevas herramientas al personal público que permita la atención en igualdad de condiciones a la ciudadanía de estos territorios, pero habrá que pensar diferente. Deslocalizar la atención podría ser una opción, hacer efectivo el funcionamiento de las oficinas de atención a la ciudadanía para la realización de los trámites es una posibilidad ya inventada. Pongámonos en marcha.
¿Quién va a discutir estos propósitos? Cierto, están muy bien y son absolutamente necesarios, pero habrá que realizar una cierta autocrítica, porque en realidad estamos en el año 2022, es decir, ya bien entrado el S XXI, y seguimos aprobando planes y proyectos, sin medir resultados. Llevamos hablando de la administración del S XXI antes ya de su inicio, pero parece que se resiste. Sea como sea, hay que avanzar con dos ideas clave, las personas en el centro y la tecnología como herramienta para hacerlo fácil, pero fácil de verdad, para personas normales, no para hackers.
NOTA: Esta entrada ha sido publicada como artículo de opinión en el Diario de Pontevedra
