¿Puede un político bloquearte en Facebook? ¿O en Twitter, o en cualquier otra red social? Puede un Diputado, Senador, Alcalde, Concejal, o el mismísimo Presidente del gobierno bloquear en las redes sociales a un ciudadano “incómodo”. A un ciudadano que pregunta, que reivindica, que exige respuestas y explicaciones, o que, simplemente, critica, justificada o injustificadamente, una, varias o todas las decisiones de ese político.
La pregunta viene al caso de la reciente sentencia de un Tribunal federal de Virginia, en el que se dictamina que el hecho de que un político bloquee a un ciudadano en Facebook constituye una violación del derecho a la libertad de expresión. La consecuencia: el tribunal prohibe el bloqueo, por varias razones. Por estar actuando en su perfil público, y por suponer un discriminación frente a otras personas no bloqueadas, personas que sí pueden continuar con la relación virtual, a diferencia del ciudadano bloqueado, al que se cierra un canal de comunicación (Primera sentencia contra un político por bloquear a un ciudadano en Facebook).
Estos casos demuestran que las normas no sólo van por detrás de la sociedad, sino que la era de internet y las redes sociales han ampliado considerablemente esta distancia, por éso es necesario establecer unos códigos de conducta en las redes sociales, al menos en el sector público. Son los tribunales, al igual que en el caso citado, los que van avanzando a base de sentencias, creando una novedosa jurisprudencia sobre los comportamientos en las redes sociales, aunque no siempre con demasiado acierto.
En unos tiempos en los que la actividad de los políticos en redes es noticia de alcance, gracias en gran medida al Presidente de EEUU, (respecto al que se están planteando incluso cómo impedir que elimine sus tweets como posibles pruebas en procesos futuros), hay que repensar los roles digitales y cómo se utilizan. Y no sólo en los perfiles públicos. Cada día aparecen nuevos incidentes que demuestran que no existen espacios privados de impunidad en la red . Acabamos de conocer las fulminantes consecuencias también por comentarios censurables desde perfiles privados, con el cese de un representante público (Cesado el cónsul en Washington por burlarse de la Presidenta de Andalucía).
Seamos realistas. En la sociedad de las nuevas tecnologías, las redes sociales tienen en el ámbito de la administración pública un amplio recorrido y pueden y deben convertirse en una herramienta de comunicación y participación. En la actualidad, ya es así en muchos casos, permitiendo la interacción directa, no sólo con los políticos sino con los servicios públicos (advirtiendo del mal funcionamiento, de averías, de necesidades de mejora). Pero debe quedar claro que las redes sociales corporativas no son medios de publicidad electoral y electoralista, sino una herramienta de servicio público, y para ello las políticas de comunicación deben adaptarse a los nuevos tiempos, a la inmediatez y cercanía de la red. Debe profesionalizarse su gestión y darles el protagonismo que merecen, en los tiempos de la transparencia y del gobierno abierto son una herramienta que debe valorarse en su justa medida y posicionarse como una prioridad en la gestión de la comunicación, profesionales como Amalia López Acera con su labor diaria en el Servef y con la excelente labor de difusión en su blog son el mejor ejemplo (sobre este tema ¿Deben las Administraciones públicas bloquear a los ciudadanos en redes sociales?).
No cabe duda de que la existencia de redes sociales con cuentas oficiales de la administración pública y de sus gestores es una puerta abierta a todas las personas y debe permitir establecer nuevas vías de comunicación, pero vías de comunicación que han de ser de doble dirección, no sólo para colocar un mensaje políticamente interesado, sino para facilitar también dar voz al mensaje del ciudadano. La tradicional interpelación al político por la calle se ve sustituida, en muchos casos, por un tweet, por un comentario en el muro de facebook, por nuevos y desconocidos paradigmas, en los que no todos tienen claro ni el fondo ni la forma. A tal fin resulta conveniente la aprobación de guías corporativas que ofrezcan las pautas mínimas, como la Guía de usos y estilos en las redes sociales de la Junta de Castilla y León.
Es preciso recapacitar sobre este tema. Al margen de “bloqueos” o de comentarios improcedentes en Facebook, Twitter u otra red social, ya existente o por inventar, todavía se está dibujando el marco de relaciones y funcionamiento de las redes sociales en general, y en el ámbito político y público en particular, pero es necesario dar respuesta a las incógnitas que van a apareciendo y no todo puede estar en las leyes, ni debe ser a golpe de sentencia. Nos encontramos ante nuevas realidades que deben encajar en la visión tradicional de las vías de comunicación y participación para renovarla y adaptarla. Sacar la política a la calle hoy es también sacar la política a las redes sociales. Pero no a cualquier precio ni de cualquier forma.
