Ha desaparecido la AEVAL, la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. El viernes 29 de julio el BOE le daba la carta de defunción, vía Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
La Agencia era un organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, y que tenía por objeto la evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios es la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, así como, en su caso, de otras administraciones.
En teoría, su desaparición ha sido fruto de un pacto político, en concreto de una de las 150 medidas regeneradoras exigidas por Ciudadanos para apoyar la investidura del actual Presidente del Gobierno, y según la cual la supresión de AEVAL iría acompañada de la creación de un instituto de forma «independiente, profesional y efectiva» tenga competencias para evaluar la «eficacia y el coste» de las políticas y los programas que impliquen un gasto público, tal y como se señalaba en el Editorial del periódico El Mundo “Un organismo independiente para evaluar las políticas públicas”.
Así las cosas, a la AEVAL la ha sustituido el nuevo Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública, es decir, Ministerio de Hacienda y Función Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, al que según su carta de creación le corresponde la evaluación de las políticas públicas, especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y social a nivel nacional, así como ofrecer el apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen desde la Secretaría de Estado.
¿Cuál es en realidad la causa de su desaparición? La trayectoria y resultado de las actuaciones del modelo AEVAL, gravemente lastrado por la falta de recursos y medios necesarios para hacer su labor, por la escasa cultura administrativa en materia de evaluación y medición de impactos de las políticas públicas y también por el escepticismo político que la relegaba a un asunto secundario (como elementos definitorios de su inicial agonía y posterior defunción), aconsejaba revisar y mejorar la fórmula, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. De hecho, la mejora en la evaluación de las políticas públicas en España ya había sido reiteradamente exigida por la OCDE, tal y como ha recogido Hugo Cuello en su análisis ¿Quién mide el impacto de las políticas públicas en España?.
Y es que la evaluación de las políticas públicas es consustancial a la calidad del servicio público. En las sociedades democráticas avanzadas resulta necesario no sólo el control administrativo en su versión tradicional sino también la evaluación de la gestión, el análisis de las políticas públicas que permite a los ciudadanos disponer de los medios necesarios para valorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y la racionalización en la asignación de los recursos públicos, desde los criterios de eficacia y eficiencia, pero también de calidad. Es precisa la evidencia empírica que permita verificar, con datos (y vivimos en la época de los datos) la correcta dirección y ejecución de las políticas públicas y corregir, en su caso, las desviaciones, exigiendo las responsabilidades que procedan.
El problema es que en nuestro sistema no siempre los sistemas de control funcionan adecuadamente. No parece existir, a nivel político, demasiado interés en disponer de un sistema de evaluación de las políticas públicas que funcione, que sea independiente y que cuente con medios y recursos suficientes. Podemos recordar la existencia de la infrautilizada Oficina Nacional de Auditoría, no demasiado exitosa, que dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene asignadas relevantes funciones que podrían favorecer las labores de control y evaluación de los servicios públicos, y de los recursos correspondientes, tanto en términos de control financiero, como de calidad. En el otro lado de la balanza, el hasta ahora satisfactorio trabajo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, a pesar de sus limitaciones, especialmente por los escasos medios disponibles y las resistencias del gobierno, desarrollan una excelente labor.
Ahora bien, consumada ya la desaparición de AEVAL queda por ver si el nuevo Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, responde adecuadamente a las exigencias de la sociedad avanzada y democrática que pretendemos ser. Y para éso es necesaria una apuesta decidida y sólida por la evaluación y auténtico compromiso político con sus objetivos. La evaluación debe ser una herramienta al servicio de la transparencia y mejora de la calidad democrática de las instituciones, útil para medir los impactos de las decisiones públicas, pues la evaluación facilita la rendición de cuentas, la apertura de los procesos de gestión y fortalece la posición de los ciudadanos, a título individual, pero también colectivo, como sociedad. Esperemos, por el bien de los servicios públicos y de todos los ciudadanos, que cualquier tiempo pasado no fuera mejor.
NOTA: Sobre el origen, evolución y desaparición de AEVAL recomiendo la lectura Aeval y su muerte anunciada, de Juan Antonio Garde Roca