Recientemente se ha presentado el Grupo de Análisis y Propuesta de Reformas en la Administración Pública constituido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el seno del INAP, al que tengo el honor de pertenecer junto a otras 9 personas, de reconocido prestigio y profesionalidad. La misión de este grupo es la de analizar y formular propuestas de reforma de la Administración Pública, así como identificar, ensayar y evaluar iniciativas que actúen a corto y medio plazo de palanca y motor de innovación en la Administración General del Estado (AGE).
Para ello, el grupo definirá las medidas que considere se deban adoptar con carácter más urgente y las recogerá en un documento que sintetizará los resultados de los análisis y debates realizados y concluirá con una propuesta sobre los posibles ejes estratégicos de la reforma. Pero no pretende quedarse en una formulación propositiva, sino que pasando del “thinking al doing”, de las iniciativas que se recojan, se seleccionarán algunas para ensayarlas y experimentarlas en unidades u organismos de la AGE. El grupo evaluará periódicamente los resultados de los proyectos. Es decir, sobre la base del prueba-error se podrán ir aplicando a las propuestas realizadas las revisiones o correcciones que sean necesarias. Es decir, seguimiento y evaluación.
¿Por qué son necesarias estas reformas? Llevamos largo tiempo hablando de modernización de la administración pública (sobre este tema puede consultarse el siguiente enlace), de la simplificación (aquí), de la transformación digital, pero algo no fluye y se trata de averiguar qué teclas han de pulsarse para ese nuevo modelo de gestión pública del que llevamos tanto tiempo hablando se convierta en realidad, para que la administración gire, de una vez por todas, hacia la sociedad. Porque, no nos engañemos, seguimos siendo profundamente endogámicos, en el diseño de los procedimientos, en su tramitación, etc., no “ciudadanocéntricos”.
Porque, en demasiadas ocasiones, somos administraciones inhumanas, que no piensan en las personas, sólo en el expediente, en el procedimiento, no en las personas que hay detrás de ellos, que podrían ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nosotros mismos.. y a los que se les dice “le falta la copia del DNI, o el certificado de empadronamiento (o cualquier otro documento)”, sin pudor, sin ruborizarse ni tan siquiera. Sin recordar el “principio de una sola vez”, el mandato legal de simplificación y reducción de cargas administrativas, el deber de consulta de los datos a través de la PID. Sí, la PID, la Plataforma de Intermediación de Datos, que permite la consulta de los datos sin necesidad de recabar (de hacérselos recabar) a la ciudadanía. Es cierto que en los últimos años (como se observa en la imagen) se ha ido mejorando su porcentaje de uso, pero todavía queda mucho por hacer.
Y este tema, el de administraciones humanas o inhumanas, es, en estos momentos, más importante que nunca. Más importante porque la dificultad de la crisis generada por la Covid19 obliga a extremar las habilidades personales de los responsables públicos, las capacidades de relación, pero también a optimizar las posibilidades de facilitar las relaciones con la administración (con independencia del formato), para solicitar ayudas, para emprender, para dinamizar e impulsar el tejido social y económico. Debe facilitarse una administración ciudadanocéntrica, pero no sólo en la dimensión de administración electrónica, sino en el diseño proactivo de servicios (principio que debe respetar el sector público en su actuación, en virtud del nuevo Reglamento de Administración Electrónica), aprovechando la gestión del dato y su explotación, y rompiendo con el modelo burocrático de funcionamiento. Una administración humana. Hagámoslo posible…
PD. Esta entrada ha sido originariamente publicada como artículo de opinión en El Correo Gallego, disponible en el siguiente enlace.
