25 de mayo de 2018. A partir de esta fecha todos los europeos y, en consecuencia, todos los españoles, tenemos un nuevo marco legal para defender nuestros datos personales. Entre otros, el derecho a la supresión, que engloba el conocido como derecho al olvido. Este es tan sólo uno de los nuevos derechos que el marco legal reforzado que ha impuesto la Unión Europea con el Reglamento de Protección de Datos y que nos permitirá decidir sobre un patrimonio que es nuestro: los datos personales.
Porque aunque todavía no somos plenamente conscientes de ello, los datos personales forman parte de nuestro patrimonio, un patrimonio deseado y codiciado por muchos, por su indiscutible valor de mercado. Porque los datos se han convertido en el petróleo del S.XXI, con una diferencia importante, los datos son un recurso infinito, inagotable. La minería de datos ha hecho que los datos personales entren en el tráfico comercial desde nuevos paradigmas, convirtiéndose en un gran negocio, negocio al que podemos oponernos porque ese es precisamente uno de nuestros derechos.
Los datos son nuestros porque la Constitución reconoce el derecho a la protección´de datos personales como un derecho fundamental, vinculado directamente al derecho a la intimidad, y dotado, por ello, de la máxima protección, protección que se desarrolla en una Ley Orgánica y que ahora se incorpora al ordenamiento jurídico europeo. Y, sin embargo, pese a esta máxima protección ¿quién no ha recibido información no deseada de un tercero con el que nunca ha tenido relación? ¿un tercero al que no le había cedido sus datos? La realidad es que, sin ser conscientes, cada día cedemos nuestros datos a una cadena infinita de usuarios, que los ceden y los vuelven a ceder sin que nosotros participemos en ese tráfico.
Ahora esta situación debe cambiar. Porque el que quiera utilizar nuestros datos debe recabar nuestro consentimiento de forma expresa e inequívoca, como propietarios de ese patrimonio ésa debe ser una decisión consciente, voluntaria de cesión de los datos, y limitada para un determinado uso, no para cualquiera y fuera de nuestro control. Pero el problema está en que, probablemente, prestaremos ese consentimiento sin fijarnos y marcaremos la casilla del consentimiento sin percibir las consecuencias que pueda tener. Sin embargo, las posibilidades infinitas que las nuevas tecnologías permiten en la actualidad y en un futuro imposible de predecir exigen que hagamos un uso consciente y responsable de nuestros datos.
El big data, la reutilización de la información pública, los diferentes usos de las técnicas de inteligencia artificial, las “smart cities”, la rápida evolución tecnológica y la globalización nos sitúan a todos los afectados ante nuevos e inexplorados escenarios para los que debemos adoptar todas las medidas de protección. El reciente escándalo de Cambridge Analytics y Facebook es sólo una ejemplo de lo que puede suceder si el uso de los datos personales no respeta los derechos de los usuarios.
Estos nuevos escenarios obligan a todos. A grandes empresas como Google o Twitter, pero también a las PYMES, a autónomos, administraciones públicas y a cualquiera que lleve a cabo un tratamiento de datos, no sólo a grandes empresa. Y las sanciones no son pequeñas, son millonarias. Afortunadamente, a diferencia de lo que sucede en países como EEUU, en la Unión Europea existe una profunda preocupación por la protección de los datos, pero resulta necesario que todos los ciudadanos, de un modo individualizado tomemos consciencia de que nuestros datos son precisamente éso, nuestros, y de los derechos que nos asisten a su protección. Por eso, la próxima vez que tengamos que marcar un acepto en la prestación del consentimiento para el uso de nuestros datos, pensémoslo dos veces.
