Una revista de Compliance en el Sector Público… algunos se preguntarán pero ¿el compliance no es una técnica que se aplica al sector privado?. Sí, efectivamente, esa podría ser la primera impresión, una lectura superficial que apareció cuando se introducía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, allá por el año 2010. Aunque en la reforma de 2015 se introdujo en el ámbito de aplicación a las empresas públicas, puede decirse que el impacto no fue significativo.
Pero es que cuando hablamos de Compliance no hablamos (no solo al menos) de responsabilidad penal, hablamos de ética pública, de integridad, un enfoque “risk-aproach”, como señala la propia Recomendación de Integridad Pública de la OCDE. Porque Compliance no es tampoco “cumplimiento normativo”, en sentido estricto. Ya tenemos leyes, de hecho tenemos muchas leyes. Cuestión distinta es que se cumplan. No nos engañemos, en el ordenamiento jurídico tenemos leyes que parecen soft law, normas de cumplimiento voluntario, si nos guiamos por los niveles de cumplimiento.
La llegada de los Fondos Europeos, de los Fondos Next Generation, supuso un punto de inflexión y permitió que la noción de Compliance en el Sector público se generalizase y poco a poco los elementos vertebrales del mismo (código ético, mapa de riesgos, tone at the top, canal de denuncias, evaluación, etc), se van abriendo paso en las distintas entidades del sector público. Pero todavía queda mucho por hacer, de ahí la oportunidad de esta nueva publicación.
Porque, en el ámbito administrativo, la cultura organizacional a menudo anclada en prácticas tradicionales genera resistencia al cambio. Además, la posición de poder de los responsables políticos también puede jugar en contra. Por si fuera poco, a ello se suma un contexto social en el que todavía está arraigada la percepción de que «lo público no es de nadie», resultado de múltiples factores, como la corrupción, la polarización política o la mala gestión.
Superar estos obstáculos requiere una combinación de voluntad política, inversión en recursos, y un enfoque integral que involucre a todos los niveles de la organización. No se trata únicamente de garantizar el cumplimiento de la legalidad, sino de prevenir y minimizar los riesgos de irregularidades y de actos de corrupción, optimizar la gestión pública y reestablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esa es la filosofía de este proyecto.
¿Cómo lo haremos?
La gestión pública es un auténtico poliedro que abarca múltiples aspectos, contratación, recursos humanos, subvenciones, etc, y entidades de muy diversa naturaleza, incluyendo las empresas públicas obligadas (ellas sí) por la responsabilidad penal a las que sí las sujeta el Código Penal.
Para poder abordar todas las caras de ese poliedro, la estructura de la revista se diseña pensando en esa visión poliédrica y contará con diversas secciones temáticas que abordan los principales ámbitos materiales de la gestión pública. De forma permanente, podréis encontrar las secciones sobre: integridad pública y buen gobierno; contratación pública y protección de datos y tecnología. Y alternativamente, entre un número y otro, podremos encontrar contenidos temáticos sobre los mapas de riesgos para la prevención de la corrupción, el sistema de denuncias y la protección del denunciante, la gestión de recursos humanos, ayudas y subvenciones, urbanismo y medio ambiente y algo fundamental, la aplicación del compliance en el control interno. Como véis, no se ha quedado nada en el tintero.
Esta estructura se completa con secciones sin coordinador, en las que podemos encontrar información de actualidad (formación, novedades editoriales, eventos, actualidad legis, jurisprudencia…); contenidos prácticos como Preguntas con respuestas, casos prácticos, formularios, esquemas, infografías, grabaciones, checklist plus, …….); experiencias compartidas y buenas prácticas, tanto en el ámbito nacional e internacional, así como las reseñas que resulten necesarias.
¿A quién va dirigida esta Revista? No resulta fácil acotar los destinatarios, pues a todos, responsables políticos, directivos, responsables de servicio, pero también técnicos de base y cualquier empleado público (con independencia de pertenecer a la AGE, a CCAA, EELL o sector instrumental) debe verse interpelado por el deber de hacer las cosas bien. De hecho, así podría resumirse la finalidad del Compliance. Pero también a académicos, abogados, e investigadores en general. Un contenido de utilidad a todos los niveles,
Las personas
Como en todo en la vida, lo más importante de este proyecto son las personas y ahí hemos tenido la suerte de contar con los mejores. Por orden alfabético, contamos en el Consejo Asesor de la Revista, con expertos de primer nivel, de ámbito nacional e internacional que nos ayudarán a estar al día en las principales tendencias, en el proceso de diseño de la hoja de ruta y en aportar una visión 360º del Compliance en el Sector Público: ALAIN CASANOVAS, MARTA BLÁZQUEZ, ALBA LEMA, TANIA DE LEÓN, HELENA HERNÁEZ, CARLOS SAIZ y Mª LUISA SEGOVIANO.
E igualmente, en el Consejo de Redacción de la Revista se incorporan las personas responsables de la coordinación de las secciones temáticas, expertos y profesionales de referencia, sin los que este proyecto no sería posible y a los que tenemos que agradecer su disponibilidad para formar parte de este proyecto, por orden alfabético ANTONIO ARIAS, BEGOÑA BALLVÉ, MARTA CAMPOMANES, LAURA DAVARA, ELENA DAVARA, YLENIA DÍAZ, VALENTÍN GÓMEZ, NURIA JOSÁ, BELÉN LÓPEZ DONAIRE y ELOY VELASCO,
Agradecer también el liderazgo visionario de Aranzadi-La Ley, en particular a Cristina Retana y Marta Tovar y un agradecimiento especial a Lourdes Bernal y a Conchi Obispo, que han conducido este proyecto desde la ideación a la ejecución, con el impulso y apoyo de Beatriz Mestre.
Todos ellos han creído desde el primer momento en la oportunidad de crear este espacio de encuentro para los profesionales del compliance en el sector público, y su experiencia y compromiso, constituyen sin duda, nuestro mejor aval.
En definitiva
La integridad en la actuación de las administraciones públicas no es una opción. Es una obligación. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como la Unión Europea reconocen que los riesgos de irregularidades y de actos de corrupción socavan la confianza pública, perjudican el desarrollo económico e inciden de forma negativa en la prestación de servicios públicos de calidad. Por ello, llevan años enfatizando en la necesidad de abordar un enfoque integral de integridad en el sector público, propiciando medidas preventivas como la transparencia y la regulación de conflictos de interés, y complementándolas con mecanismos de detección, investigación y sanción.
La revista que ahora tienes en tus manos nace con el propósito de servir de ayuda a todos los empleados públicos que están llamados a asumir responsabilidades en este ámbito: interventores, habilitados nacionales, responsables de cumplimiento o inspectores de servicios, entre otros muchos. Con una periodicidad cuatrimestral, pondremos en sus manos una publicación especializada, pero al mismo tiempo eminentemente práctica, que les permita aportar soluciones a su día a día dentro de este entorno cada vez más complejo, promoviendo el intercambio de experiencias y de buenas prácticas.
Concepción Campos e Ignacio Sáez
Directores de la Revista Compliance en el Sector Público
Acceso a la Revista en el siguiente enlace
