Llevamos muchos, muchos años hablando de simplificación administrativa. Más de 60 años. Ya en torno a la década de 1960 pueden encontrarse algunos precedentes. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 1957, se refería ya a reformas encaminadas a mejorar y perfeccionar los servicios y preparar su organización y métodos de trabajo “atendiendo principalmente a los costos y rendimiento”, y posteriormente la Ley de Procedimiento Administrativo, 1958, y todas sus sucesoras han recogido referencias a la simplificación administrativa, también, en la actualidad, la Ley 39/2015.

¿Qué es simplificar?. Hacerlo fácil. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española el término “simplificación”,  equivale a «acción y efecto de simplificar», y “simplificar” es, en primera acepción, «hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo”. Hacerlo fácil. Y en ese hacerlo fácil, se impone reducir o suprimir los costes y obligaciones (red tape) que la Administración Pública impone a empresas, ciudadanos y agentes económicos a la hora de relacionarse con ella. Eliminar trámites innecesarios, duplicados, que no aportan valor, exigencias enloquecidas de documentación (la interoperabilidad puede ser una gran aliada), reducir los tiempos de gestión, es decir, rediseño de procedimientos en una sola clave: hacerlo fácil.

En teoría ya deberíamos estar simplificados. ¿Quién no recuerda la famosa CORA?(Comisión para la Reforma Administrativa), que se creó con el expreso objeto de realizar un estudio integral de la situación de las AAPP en España y de proponer  las reformas que sería necesario introducir en las mismas para dotarlas del tamaño, la eficiencia y la flexibilidad demandadas por los ciudadanos y la economía del país y para transformar su estructura con el doble objetivo de posibilitar el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos y de eliminar aquellas disfuncionalidades y defectos que pudieran dificultar ambos. En particular, pretendía acabar con: 

  • La falta de una visión integrada de los procesos de simplificación y reducción de cargas, que tienden a ser considerados aisladamente.
  • La falta de una “cultura” global de simplificación y reducción de cargas y de un conocimiento completo y sistemático de las actuaciones realizadas en el ámbito de ambas políticas.
  • La falta de una planificación o política departamental de mejora administrativa y reducción de cargas en cada uno de los Departamentos y órganos de la AGE.

(un breve recordatorio sobre qué problemas se pretendía solucionar, para hacer un poquito de rendición de cuentas…):

Nos encontramos ante un déjà vu. Ocho años después y a pesar de diversos intentos de simplificación impuestos por la Unión Europea (de un modo destacado los impulsados por la Directiva de Servicios) seguimos prácticamente igual (o peor…). No necesitamos un nuevo marco legal (la Ley 39/2015 sigue hablando de reducir cargas y simplificar cargas administrativas), ni debemos fiarlo todo a lo digital, lo explicamos en esta entrada Modernizar la Administración ¿Otra vez?. Lo describe a la perfección Francisco Longo, en el artículo No es un reto tecnológico sino de gestión pública, haciendo referencia a la Propuesta para la reconstrucción de un entorno productivo, suscrita por un gran número de expertos académicos y que el gobierno debería tener en cuenta y no fiarlo tampoco todo a los grandes bufetes, como recogía esta noticia Moncloa recurre a cinco bufetes para diseñar la ejecución exprés del fondo UE.

Fondos “NEXT GENERATION”

Porque ahora el incentivo es desarrollar el suficiente músculo para ejecutar los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. Porque la mayoría de las medidas de recuperación propuestas estarán impulsadas por Next Generation EU, el nuevo instrumento temporal de recuperación que presenta una capacidad financiera de 750.000 millones de euros, fondo que descansa en tres pilares:

Pilar 1: Apoyar a los Estados miembros en su recuperación

Pilar 2: Relanzar la economía y apoyar la inversión privada

Pilar 3: Extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital.

Debemos aprovechar la ocasión que ese incentivo nos brinda para abordar la reforma integral que necesita el sector público (y que pasa también por la del empleo público). Sin embargo, tan sólo se han  comenzado a escuchar tambores de reforma normativa de la Ley de Contratos, que ya acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, incrementando, de momento, la cuantía de determinados procedimientos que se caracterizan por una menor carga administrativa. La siguiente bala irá para la Ley de General de Subvenciones, pero no servirá de nada “limpiar” el marco normativo de obstáculos jurídicos (ojo, que tampoco viene mal), si no se abordan las reformas estructurales que necesita el sector público, las actuaciones anunciadas serán tan sólo “tiritas” en heridas profundas que requieren de una «cirugía de alto impacto», incluida en algunos casos, la amputación de algunos miembros fantasma que no debería haber sobrevivido al SXX.

Para muestra un botón

Quizás al igual que ha sucedido con la digitalización, que ha recibido el mayor impulso como consecuencia de la crisis Covid19 y la imposición de medidas de aislamiento social (Administración electrónica y Covid19: a la fuerza ahorcan), también esta profunda crisis sea la palanca definitiva de impulso a la simplificación administrativa y no nos limitemos simplemente a sustituir la burocracia de toda la vida por la Burocracia digital. Porque, en esta entrada, la simplificación pretende ser el símbolo del verdadero cambio que necesita la gestión pública, el cultural, el de la burocracia, el de la desaparición de arquitecturas megalíticas que no sólo son una mala práctica, sino que generan una auténtico perjuicio al desarrollo económico y social, en este caso todavía peor, a la recuperación económica y social tras una pandemia. No nos lo podemos permitir

NOTA. Sobre este tema es de lectura obligatoria el artículo «Epidemia Burocrática», con interesantes aportaciones de Francisco Longo, Carles Ramió, Rafael Jiménez Asensio, Víctor Lapuente  y Marc Esteve,  entre otros.