Los conflictos de intereses constituyen un riesgo a la integridad en la gestión pública. Una afirmación que no admite discusión, pues el mayor riesgo en la gestión afecta a las personas y a sus intereses, de todo tipo, personales, económicos, profesionales, políticos, et. Y un riesgo que tiene especial impacto en el ámbito local, por su especial configuración como administraciones más próximas a la ciudadanía, y, por tanto, en el marco de las políticas de integridad, un riesgo que resulta necesario gestionar, sobre todo en un área tan expuesta como es la contratación pública.
De hecho en el año 2017, Ley de Contratos del Sector Público, se ocupaba, por primera vez, de la necesidad de adoptar medidas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses, en el conjunto del sector público, también, por tanto para el ámbito local. Con una definición que no me gusta, en especial , cuando hace referencia a cualquier situación «que pudiera parecer compromete su imparcialidad e independencia». Pudiera parecer. Un alto grado de subjetividad en la valoración de si existe o no el conflicto de intereses y que introduce especiales dificultades para su delimitación sobre todo cuando esos intereses son personales. Por eso precisamente hay que extremar el rigor y disponer del máximo conocimiento para su delimitación y para adoptar las correspondientes medidas de prevención, detección y gestión. No olvidemos que, en el peor de los escenarios nos podemos encontrar traspasando la línea roja del código penal.
Pero definitivamente fue la aprobación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la exigencia de contar con planes de medidas antifraude para las entidades gestoras y ejecutoras de los Fondos Next Generation (una clara versión del Public Compliance), la que puso de forma clara en la agenda pública los conflictos de intereses, ante la posición de éstos como un elemento central en la gestión de riesgos. Todos hemos aprendido (aunque algunos ya lo sabíamos) qué significa el acrónimo DACI, cuestión distinta es si nos gusta firmarlas o no.
Por ello, el Grupo de Integridad en la Contratación Pública de la Red de las EELL para la transparencia y la participación ciudadana FEMP, que tengo el honor de coordinar, llegamos a la conclusión de que, siguiendo con la trayectoria de aportar valor a través del conocimiento y la experiencia compartida, era necesario contar con una publicación específica sobre los conflictos de intereses, que sería de gran utilidad. Y así es cómo nace la “Hoja de ruta para la gestión de los conflictos de intereses en la contratación pública”.
Dicho y hecho. Conclusión de la que rápidamente se pasó a la acción y las expertas y expertos que integran el Grupo de Trabajo, asumieron el reto y aen esta obra abordan, con un enfoque claramente y aplicativo, las principales aristas que presenta la gestión de los conflictos de intereses. Desde aspectos conceptuales que nos permitirán identificar los conflictos, hasta el papel de las famosas DACI, pasando por las herramientas tecnológicas como COFFEE y MINERVA, la publicación se detiene en los temas de mayor interés.
El resultado no podía ser mejor. En los 10 capítulos y de forma clara y estructurada encontrarán toda la información necesaria para diseñar una estrategia para la prevención y gestión de los conflictos de intereses, desde múltiples visiones reforzadas por la experiencia y el conocimiento de sus autores:
- Qué es un conflicto de interés: concepto y tipología. Una aproximación a través de los Planes de Medidas Antifraude.
- Medidas de prevención de los conflictos de intereses. Especial referencia a la declaración de ausencia de conflicto de interés.
- Códigos éticos: interacción entre el marco normativo y las normas de soft law para la gestión de los conflictos de intereses.
- Delimitación de los conflictos de intereses con otras figuras afines omo la abstención, recusación, prohibiciones de contratar y supuestos de incompatibilidad en el ámbito local.
- Data mining en la detección de los conflictos de intereses: una visión a COFFEE y MINERVA.
- Evaluacion del riesgo de conflicto de interes y medidas correctoras.
- Control de riesgos de conflicto de intereses en la ejecución de os contratos: una garantía de la compra pública socialmente responsable.
- Procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses: especialidades de la contratación pública.
- El sistema interno de información (canales de denuncia), como medida de detección de los conflictos de intereses.
- La gestión externa de los conflictos de intereses: el papel de los órganos de control externo.
Una publicación útil y práctica de la mano de grandes profesionales
Aunque haya nacido en el marco de los trabajos del GT de la Red FEMP, nos encontramos ante una obra válida para todos los ámbitos territoriales y operadores del mundo de la contratación, en realidad del conjunto de la gestión pública y tanto del sector público como privado. Con la “Hoja de ruta para la gestión de los conflictos de intereses en la contratación pública”, se incluye una publicación más en la caja de herramientas que llevamos construyendo desde la publicación de la LCSP, en el año 2017, y en la que podemos encontrar otras como la “Guía de Integridad en la contratación pública local” o el “Código de Buenas Prácticas en materia de contratación pública”.
Solo me queda dar las gracias. Gracias al magnífico equipo de expertas y expertos que, de forma desinteresada y generosa, por orden de aparición: Jorge Castejón González (prólogo), Ylenia Díaz Morán, Eider Sarria Gutiérrez, Belén López Donaire, Sergio Jiménez Meroño, Mónica Mediavilla Pascual, Bernabé Palacín Sáenz, Consuelo Doncel Rodríguez, Ignacio Sáez Hidalgo y a Patricia Iglesias Rey. Y por supuesto, gracias a José Nuño Riesgo, Secretario Técnico de la Red de EELL por la Transparencia y la Participación Ciudadana, por ser siempre el «cooperador necesario» de estos magníficos proyectos. Gracias a todos ellos por compartir su conocimiento y por haber puesto a nuestra disposición su experiencia, de forma generosa y desinteresada, sin ellos, laactividad del grupo de trabajo no sería posible. Y gracias, por supuesto a la Red de EELL de Transparencia y Participación Ciudadana, por darnos este espacio de trabajo colaborativo y ofrecernos una ventana que nos permita llegar a todos los profesionales, compañeros, responsables políticos y operadores jurídicos y económicos, a los que esperamos les resulte de gran utilidad esta publicación.
NOTA FINAL: Puedes consultar esta fantástica obra, en formato abierto y gratuito, en el siguiente enlace
