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Mucho se ha hablado de la Ley de Contratos en los últimos meses. Su aprobación ha levantado una intensa polvareda, a cuento de la introducción de nuevos requisitos y formalidades que, en teoría, han “paralizado” la contratación pública, en especial, por los contratos menores, la niña bonita de los contratos. Pero poco se ha hablado […]

La fortaleza de los órganos de control es una buen indicador de la salud de un Estado democrático. Por eso, es una mala noticia la información conocida estos días sobre la debilitada posición en la que se encuentra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y es una mala noticia porque a pesar de su

CONTROL. La entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha activado el nuevo modelo de control interno en el ámbito local, a través de la función interventora y del control financiero. Modelo de

¿Quién responde ahora de la ejecución del contrato? De la mala o de la buena ejecución. Se trata de una cuestión para nada menor, pues con demasiada frecuencia situamos el foco del contrato en la elaboración del expediente de contratación, redactamos magníficos pliegos, tanto administrativos como técnicos, imponemos múltiples obligaciones y requisitos que deben concurrir

  Crónica de II Congreso Red Localis 2 días. Tan poco tiempo y tan buenos resultados. La conclusión del II Congreso Red Localis no puede ser mejor. El mundo local necesita un espacio, un foro donde los expertos del mundo local, y los especialistas pueden abordar los temas de máxima actualidad, y ese hueco lo

Con la que está cayendo en la administración local desde hace unos años, la Ley 19/2013, de Transparencia, las Leyes 39 y 40 de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de Protección de Datos y su previsión

¿Es necesario el Compliance en el Sector Público? Hablar de cumplimiento normativo (lo que sería la traducción literal del término compliance) en el sector público, sector que precisamente  debería abanderar el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, enunciado tempranamente por nuestra Constitución en su artículo 103, no deja de resultar un contrasentido. Pero

25 de mayo de 2018. A partir de esta fecha todos los europeos y, en consecuencia, todos los españoles, tenemos un nuevo marco legal para defender nuestros datos personales. Entre otros, el derecho a la supresión, que engloba el conocido como derecho al olvido. Este es tan sólo uno de los nuevos derechos que el

Big data, Reutilización de la información pública, las posibilidades que se abren con la utilización de las técnicas de Inteligencia Artificial, “Smart City”, y la rápida evolución tecnológica y la globalización sitúan a las administraciones públicas ante nuevos e inexplorados retos a los que deben hacer frente sin dilación. Y uno de los grandes retos

Dentro de la vorágine que la aplicación del artículo 118 LCSP (relativo a los contratos menores por si queda alguien en este país que aún no lo sabe) ha generado y la necesidad (para algunos) de encontrar una vía de escape a la interpretación conforme a la letra y espíritu de la Ley y de