Año 2007. En mayo de ese año se aprobaba el Estatuto del Empleado Público, que incluía una novedosa figura: la evaluación del desempeño. 15 años después (sólo 15 años) nos hemos despertado con la noticia de que van a evaluar a los funcionarios, y no sólo eso, las evaluaciones negativas tendrán consecuencias, consecuencias también negativas, como es evidente. Evidente para algunos, para otros no tanto. Intentemos explicarlo.
El acceso al empleo público en España se realiza en condiciones de permanencia, es lo que yo llamo, un sueldo nescafé, un sueldo para toda la vida. Como decíamos una entrada anterior (vid aquí)
«Ese parece ser el mejor incentivo para que una persona quiera formar parte del servicio civil, (civil service en terminología internacional tan elocuente), del conjunto de los empleados públicos. No debería ser así y, de hecho no es así en muchos casos, pero tanto el actual sistema de selección, como el de promoción y desarrollo de la carrera profesional ayudan a que las vocaciones de servicio público se vayan apagando lentamente o no estén presentes en las nuevas incorporaciones.»
Pero no puede ni debe significar que a cambio no se exija un determinado rendimiento, y que ese rendimiento no pueda ser objeto de evaluación, con el resultado que corresponda. El control sobre el resultado del trabajo cabo forma parte de las relaciones empleado-empleador, la gestión pública no debe ser diferente. Al contrario, debe buscar la excelencia.
¿Cuál es el problema? La posible indefinición. Es decir, que se politice este instrumento, o se utilice de manera espúrea sin garantías para los trabajadores. La propuestacontempla la posibilidad de que los funcionarios sean apartados de su puesto de trabajo si obtienen de forma continuada resultados negativos en la nueva evaluación de desempeño. Para evitar un uso arbitrario y desarticular las ya airadas voces en contra de esta evaluación será preciso establecer indicadores objetivos, reales y realistas. Cuidado con la tentación de pactar indicadores que acaben siendo “café para todos”, como ha sucedido con algunas experiencias ya existentes.
Me llama la atención que en este caso, en el que hablamos de un anteproyecto de ley, se esté generando tanto ruido, cuando, prácticamente al mismo tiempo, se publica la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Nuevamente evaluación, pero en este caso de la gestión pública, algo que caracteriza la calidad institucional de un país y de lo que carecemos en España. Al igual que el caso de los funcionarios, forma parte del compromiso asumido con Europa en el marco de la gestión de los fondos europeos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y casi me parece más importante que la de los funcionarios. Una y otra son continuamente reclamadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Tanto en uno como en otro caso se refiere únicamente al Estado, es decir, políticas de los ministerios y funcionarios del Estado, ni de la Comunidad Autónoma ni de los ayuntamientos. Pero lo deseable sería su extensión al conjunto de la función pública y aprovechar su doble efecto. Por un lado, en relación con las personas que ya prestan servicios en la actualidad, garantizando los óptimos niveles de desempeño. Por otro, desincentivador para aquéllas que sólo llegan a la función pública en búsqueda de un sueldo para toda la vida, a modo de empleo refugio.
