¿Ciudadanos de primera y de segunda? A propósito del estatuto de los municipios de menor población

En Galicia vivimos más de dos millones y medio de personas, personas que nos hemos asentado en 313 municipios. Por eso me gustaría preguntarle. ¿Dónde vive usted? Formulo esta pregunta porque la respuesta condicionará (nos guste o no), en gran medida, el nivel de acceso a determinados servicios públicos y la calidad de estos servicios. Quizás no debería ser así, pero la realidad es que la distribución territorial de la población condiciona, de forma relevante, la calidad de vida de las personas.

Porque los datos de la población distribuida en el territorio ofrecen una fotografía muy asimétrica, pues el 64%  de los municipios gallegos, es decir, 201 municipios, cuentan con menos de 5.000 habitantes y un 93% con menos de 20.000. Si extrapolamos esta cifra a toda España, la ratio se multiplica, contamos con 8.131 con una distribución territorial que hace pensar en si es sostenible este municipalismo, en particular, para garantizar los servicios básicos a las personas.

Porque si en Galicia contamos con 37 municipios de menos de 1.000 habitantes, en el conjunto del Estado español son 4.986. Y qué decir de su distribución en el territorio. En Galicia el 37 % de la población, se concentra en las siete grandes ciudades (La Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo) y en España el 39% de la población se concentra en municipios de más de 100.000 habitantes. Una vez más la concentración urbana, tan anunciada por todos los organismos internacionales se presenta como un reto a gestionar en términos de sostenibilidad y viabilidad (sobre este tema en relación con las Ciudades de 15 minutos, recomiendo leer aquí)

En el V Congreso de Red Localis hemos abordado específicamente este tema, los retos y desafíos de los municipios de menor población. Académicos y expertos del mundo local han llegado a un cierto consenso sobre cómo los municipios de menos de 5.000 habitantes (identificados como de menor población) deben reforzar las condiciones de prestación de servicios y la garantía de éstos en condiciones de igualdad. El problema es cómo hacerlo.

La concentración de población en las urbes conlleva también la concentración de servicios, y por oposición, la dispersión de población, en el caso de Galicia con el factor de un fuerte envejecimiento y, conlleva mayores dificultades en el acceso a esos servicios. Como decimos, una revisión a la idea de las ciudades de 15 minutos, que plantean la necesidad de que en las macrourbes la ciudadanía pueda acceder a los servicios básicos para la vida en dicho marco espacial, debería hacernos reflexionar sobre ese derecho en municipios rurales, de menor población, la otra cara de la moneda.

V Congreso Red Localis (Santiago de Compostela, 12 y 13 de julio)

Esta realidad nos enfrenta al papel que deben jugar las Diputaciones provinciales. El debate sobre para qué sirven las Diputaciones y si tienen sentido en el actual mapa autonómico, reaparece periódicamente cual Guadiana y no acaba de cerrarse. Ésta podría ser la respuesta. La asistencia y cooperación de las Diputaciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes es una obligación legal, pero su papel para los municipios de menor población resulta crucial para la vida de las personas.

Porque de lo contrario tendremos ciudadanos de primera y de segunda. Más allá del reto demográfico y la necesidad de abordar cómo fijar la población al territorio (allí donde resulte conveniente, no nos engañemos, no será en los 8.131 municipios), sí debemos asegurar que vivamos donde vivamos se garantice una cartera básica de servicios a la ciudadanía, servicios de calidad que permitan mantener el Estado del Bienestar, vivienda, educación, sanidad, servicios básicos en definitiva.

Seamos realistas, no es posible residenciar en todos los municipios todos los servicios pero sí deben establecerse las condiciones para un acceso en un marco razonable de tiempo y distancia. Y no seamos acomodaticios, no debemos fiarlo todo al sector público, estatal, autonómico, provincial y municipal, sino que en pleno siglo XXI debemos plantear fórmulas de innovación social. No habrá soluciones únicas para un problema complejo, despoblación, reto demográfico, brecha digital, dificultades presupuestarias, pero la inacción mientras se agranda la brecha no debe ser una opción.

Nota: Una versión de la presente entrada ha sido publicada en el Diario de Pontevedra, de 18 de julio de 2023