¿De quién es el dinero público? ¿Quién responde de su mala administración? Seguro que estos días tras la noticia de la construcción de unos trenes que no caben en las vías, alguno se habrá planteado esas y otras preguntas. ¿Quién paga? La respuesta es evidente, usted, y yo, y todos, paga Juan Pueblo. Lo que debe llevarnos a la pregunta de quién responde de la gestión del dinero público, frente al nórdico “el dinero público es de todos”, en ocasiones aquí parece que se aplique “el dinero público no es de nadie».
¿Cómo cambiar esta situación? Que rueden cabezas, esa afirmación lo resuelve todo. Se cesa a un par de personas y parece que el problema está resuelto. No lo está. No quiero decir que no haya que exigir responsabilidades y que las personas con competencia sobre esas decisiones deban ser cesadas, le toca a la respectiva entidad averiguar qué ha pasado. Más allá del caso concreto, la filosofía debería ser que casos como el de los trenes de Cantabria no vuelvan a suceder y para ello hay que levantar la mirada y gestionar el dinero público con eficacia y eficiencia.
Porque el caso de los trenes no ha sido el primero, la hemeroteca nos deja terribles ejemplos. Ojalá sea el último. Aeropuertos sin aviones, megaestaciones de tren prácticamente vacías, construcciones megalíticas que nadie necesitaba y que nadie necesita, y por supuesto, otros muchos gastos que no han cumplido su finalidad. Qué decir de proyectos tecnológicos que han sido puro humo, de grandes proyectos digitales que no han servido para nada ni a nadie.
La explicación es relativamente sencilla, esto sucede por una falta de planificación, de seguimiento y de evaluación. Por supuesto, por falta de profesionalidad, ética y responsabilidad, pero el sistema, los procesos y las personas deberían evitar que casos como éste sucedieran y sobre todo, que si se detectan se solucionen a tiempo.
Trenes que no caben en las túneles, ni en las vías, así empezaría un chiste de Gila, pero no es broma. No sólo supone una mala administración de los recursos públicos, sino que afecta gravemente a los servicios públicos, servicios de comunicación a los que miles de personas no podrán acceder por la mala gestión y falta de profesionalidad, de un conjunto de personas que tendrán que asumir su responsabilidad. Porque pagamos todos y el dinero público es de todos debería gestionarse con el mejor de los criterios, con la diligencia de un buen padre de familia.
NOTA: Una versión de esta entrada fue publicada en el Faro de Vigo en fecha 19 de febrero de 2023