Drogas, alcohol y prostitución. Esta podría parecer la descripción de una película o serie en alguna plataforma de televisión, pero (lamentablemente) no lo es. Estas y otra serie de presuntas conductas corruptas de responsables públicos inundan estos días las portadas de periódicos, titulares en todos los medios de comunicación, con independencia del formato y nos devuelven a imágenes pasadas que ya creíamos superadas. Aquéllos que tengan cierta edad sabrán a la perfección a cuáles me refiero.
Este escenario no es admisible, no lo era en aquellos tiempos pasados, pero todavía menos en la actualidad, en la que la sociedad y la administración han evolucionado en valores y existe tolerancia cero contra el fraude y la corrupción. En un momento en el que las políticas de prevención del fraude se han alineado con los programas de Compliance, como en el sector privado, sobre todo por los Fondos Europeos, la pregunta es ¿cómo evitar la corrupción?.
La respuesta no es fácil. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado en enero de este año, de Transparency International, avanzaba ya que España no solo no mejora en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, sino que baja de nuevo un punto con respecto al año pasado, obteniendo una puntuación de 60/100.Ocupamos el puesto 35/180 del ranking global del IPC, junto con Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas. En el ámbito europeo, España se mantiene en el puesto número 14/27 de los Estados Miembros, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y solo un punto por encima de Letonia (59/100).
En mi opinión, nos encontramos ante la necesidad de abordar un cambio cultural, un cambio que debe comenzar por las personas responsables al más alto nivel, políticos y altos cargos públicos deben ejercer un liderazgo ejemplar. Pero no hay que fiarlo todo a la voluntad. Debemos diseñar un sistema basado en la prevención, pero también en la detección temprana, y en la corrección y persecución. El castigo a los posibles corruptos debe tener un potente efecto disuasorio.
Pero no sólo a la parte pública, no hay corrupción sin corruptor, no nos olvidemos. La ética y la integridad debe ser un valor generalizado en el conjunto de la sociedad, juzgamos con severidad estos casos, pero después no hay problema en pagar sin IVA… Los responsables públicos no son seres extraños que de repente aparecen en una lista electoral, no, son nuestros vecinos, médicos, profesores, el panadero, si hay corrupción será porque necesitamos mejorar los estándares de integridad, no porque los políticos sean unos corruptos.
La gestión pública no merece la mancha que supone este caso. Más de dos millones de empleados públicos, responsables políticos en miles de entidades públicas, demuestran que este caso es una manzana podrida, no la regla general.Necesitamos gestionar, de verdad, los riesgos de corrupción, establecer sistemas que funcionen, que no sean mero postureo estético, y que exista una verdadera rendición de cuentas. En un país que regula en exceso la realidad demuestra que las leyes no son un elemento suficiente para prevenir y luchar contra la corrupción que en muchos casos se limitan a crear nuevas capas de burocracia. Ya lo decía Tácito en el siglo II d.c. “Cuanta más leyes más corrupción”.
NOTA: Esta entrada fue publicada como artículo de opinión en el Diario de Pontevedra de fecha 03/03/2023