Cuando en el año 2017 la Ley de Contratos generalizaba el formato electrónico para toda la contratación se daba un paso más en la transformación digital de la actividad de gestión pública. Se abría camino a nuevos escenarios en los que deben plantearse las posibilidades que ofrecen las conocidas como tecnologías disruptivas, destacando, por su múltiple versatilidad, la proyección que la utilización de la Inteligencia Artificial.
Sobre este tema he tenido la oportunidad de reflexionar en el artículo “Retos e implantación de la Inteligencia Artificial en la contratación pública: una visión 360º sobre los posibles usos”, en el monográfico de la Revista Contratación Administrativa Práctica, dedicado a “Digitalización y nuevas tecnologías en la contratación pública”, dirigido por José Antonio Moreno Molina y Javier Miranzo, con magníficas firmas, a cuya lectura me remito, compartiendo las principales conclusiones.
- Retos y desafíos de la IA en la contratación pública
Primero.- En primer lugar, un reto derivado del imperfecto e inacabado ecosistema de transformación digital, como es la falta de interoperabilidad y de gestión del dato por parte del sector público. Los sucesivos IAS de la OIRESCON insisten en la idea de que disponer de datos en formato abierto y reutilizable de todas las plataformas de contratación del conjunto del sector público no es, aún, una realidad. Del mismo modo, señala cómo la falta de uniformidad en los datos o en su formato dificulta su análisis conjunto y explotación, afectando directamente a los fines que la publicidad y la transparencia en contratación pública persiguen.
Resulta, por tanto, necesario abordar sin dilación el problema de la calidad de los datos, pues el aprovechamiento de la IA requiere de una mayor accesibilidad de los datos en tales formatos, lo que exige la efectiva disponibilidad (también) de los relativos a la ejecución contractual, que necesariamente habrán de incluir los relativos a las modificaciones y la ejecución presupuestaria.
Segundo. Realizando una agrupación de los principales retos a los que nos enfrentamos, debemos señalar que resulta necesario abordar el uso de la IA desde un enfoque de prevención de riesgos, de Compliance. Es necesario llevar a cabo un enfoque innovador, más allá de las visiones más tradicionales y conservadoras que aplican las viejas lógicas procedimentales a los nuevos escenarios marcados por la tecnología, los flujos de procesos no pueden permanecer igual.
Un ejemplo de ello la propia LCSP y, mucho más, el conjunto regulatorio de 2015 que en muchos casos se ha limitado a añadir el término “electrónico” a la regulación anterior, un enfoque claramente insuficiente desde la perspectiva de la transformación digital que se demanda del sector público. Dónde está la trazabilidad, la utilización de algoritmos para la gestión de sistemas de alerta temprana, (muy recientemente MINERVA para la gestión de los conflictos de intereses.
Tercero. Finalmente, no por ello menos importante, apuntar un elemento clave sobre el que nunca se abunda demasiado será la profesionalización de la contratación pública. La transformación digital de la administración no se limita a la adquisición de material tecnológico ni a la digitalización de los procedimientos, en el epicentro de este proceso deben estar las personas, por ellos, para dar respuesta a las nuevas necesidades, por lo que es necesario revisar los perfiles de los empleados públicos, para garantizar su adecuación con el modelo de administración que se demandan.
Difícilmente podrá avanzarse en las posibilidades que ofrece la IA en la contratación pública si no contamos con capital humano profesional y con las competencias necesarias para optimizar esta nueva realidad, ni la adquisición de la tecnología ni el diseño de políticas públicas basadas en la gestión del dato conducirán a los beneficios que posibilita la IA si no contamos con equipos con la suficiente capacitación, conocimiento y expertise para conducirnos a la mejor satisfacción del interés público, que es, en definitiva, la finalidad última de la contratación pública.
En definitiva, si queremos apostar por una contratación pública social, estratégica, íntegra y transparente necesitamos tecnología, pero sobre todo, como siempre, necesitamos personas con las competencias y capacidades para su utilización. Personas, como alfa y omega de todos, todos los procesos.