Diciembre 2003. Se aprobaba por aquel entonces la conocida como Ley de Modernización de los Gobiernos Locales. No era la primera ni la última vez que se vinculaba la modernización de la administración a una ley. De hecho, en la anterior crisis, el exponente máximo de modernización de la administración se hizo corpóreo a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, que también tenía por objeto la modernización del sector público. Esta semana, de nuevo y ante otra crisis, ha cobrado actualidad la modernización de las administraciones públicas con la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan parece apostar para ello en la reforma de las leyes y en la digitalización. Quien me conoce sabe que uno de mis lemas es que “las leyes no hacen milagros”, y es que la simple traslación al BOE de nuevas leyes, de modificación de las viejas y nuevas ideas no será suficiente para esa modernización. De ahí los limitados efectos de las sucesivas reformas legales y proyectos asociados, que no tienen en cuenta la realidad que conforma un complejo sector público como el español, y que ahora se anuncian como la solución a las dificultades burocráticas existentes.

Tampoco servirá de nada fiarlo todo a la digitalización. La digitalización es un factor  clave, pero para ello todas, y digo todas, las administraciones públicas deben ser interoperables, para poder reducir cargas, simplificar trámites y evitar ese desánimo que asola a la ciudadanía cuando se ve obligada a acudir a las administraciones públicas. Porque en lugar de sentir que se acercan a un lugar amigo, donde van a ser correcta, no impecablemente, atendidos, y resolverán los problemas que tienen, enfocan una visión casi apocalíptica, de colas y retrasos (con la cita previa, cortesía del Covid19 todavía más), de horas perdidas, de batallas contra molinos burocráticos que impertérritos le repiten el clásico de Mariano de Larra “vuelva usted mañana”. No digo que sea así, digo que así ven a la administración muchas de las personas que necesitan relacionarse con ellas. 

Para llegar hasta aquí ha habido otros procesos de modernización de la administración. En el año 2006 la Unión Europea abordaba la necesidad de simplificar y reducir las cargas administrativas para el acceso a las actividades de servicios, y de paso, con carácter general, que se trasladaba al conjunto de la gestión pública. Por el camino, la digitalización cobraba protagonismo en el proceso modernizador (nada más moderno que la tecnología), primero en el año 2007, con una Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con escaso éxito, y en 2015 con nuevo paquete normativo que pretendía generalizar, por imperativo legal, el funcionamiento electrónico de las administraciones, y que cinco años después, todavía sigue siendo un desideratum. 

Bienvenido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que entre sus políticas palancas recoge “Una Administración para el siglo XXI”, una vez más apostando por un paquete de reformas legislativas. Pero no será suficiente. Tampoco lo será la apuesta por la digitalización, una parte importante del proceso, pero no omnipotente. Porque es necesaria una transformación cultural en las organizaciones públicas, poniendo en el centro al ciudadano, eliminando proactivamente los obstáculos y cargas administrativas. No puede entenderse que la misma gestión sea un proceso gravoso e interminable en una administración,  y un simple trámite en otra. La modernización de la administración pública no va (sólo) de leyes ni de tecnología, va de personas, de modelos de organización, de liderazgo y de cultura activa hacia la ciudadanía.

Señala el Plan que la modernización debe ir acompañada de un refuerzo del capital humano, con programas de formación, yo diría más, no es que deba ir acompañada, es que es uno de los pilares, la adecuada gestión de los recursos humanos y su capacitación en las competencias profesionales es la pieza que siempre falta en los procesos de modernización. Pero también el necesario liderazgo y gestión directiva para sacar adelante más que una reforma modernizadora, una transformación del modelo de administración. 

Porque “No es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector privado, activando a los sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el conjunto de la economía”, el Plan dixit. De acuerdo. Pero esa modernización de la Administración que responda a las necesidades de la ciudadanía y la economía, exige abordar el proceso de forma transversal y centrada no sólo en el BOE y en la tecnología, sino en las personas, tanto en las que forman parte de la administración como en la sociedad en su conjunto. De lo contrario, tras la enésima reforma legal, nos encontraremos ante un nuevo ejercicio de gatopardismo que no nos podemos permitir.

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