Desde la publicación, el 9 de noviembre de 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público, han corrido ríos de tinta hablando de la parálisis que había producido su aplicación. Por ello, Red Localis (http://redlocalis.com) en su vocación de convertirse en un foro de reflexión sobre la gestión del municipalismo, con el objetivo de transferir conocimiento desde las universidades y la administración local para mejorar el debate público sobre temas de interés local y aportar posibles soluciones, afrontó el reto de realizar una foto fija de la realidad municipal en Galicia. 

De ahí que para su documento 10 Red Localis se haya centrado en las dificultades para implantar el nuevo modelo de contratación pública en el mundo local y propuestas de mejora, documento que ha sido elaborado por Jose Caamaño, Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y yo misma.

  • Los resultados de la encuesta

Para ello, y para hablar con datos en la mano y no simples percepciones, realizamos una encuesta entre los ayuntamientos gallegos sobre las principales novedades en contratación pública, que abordaban desde el modelo de contratación pública estratégica, hasta la adopción de medidas de prevención de la corrupción, pasando por los contratos menores, el fomento de las PYMES o la adopción de criterios sociales, medioambientales y de innovación para la mejora de la contratación pública, entre otros aspectos (la encuesta y sus resultados están disponibles en el propio documento).

En la presentación, Jose Caamaño, Concepción Campos y Alberto Vaquero

Los resultados de la encuesta han arrojado reveladoras conclusiones, algunas fortalezas y otras debilidades:

Entre los aspectos positivos, el elevado nivel de cumplimiento en cuanto a la publicación del perfil del contratante en la Plataforma estatal o autonómica (95%) o el 93% que ha ajustado la mesa de contratación a los nuevos requisitos de composición.

Frente a ello, y como aspectos poco positivos y  sensibles a una gran mejora, podemos encontrar:

Bajo nivel de adopción de medidas anticorrupción y de consideración de criterios sociales, medioambientales y de innovación, y las dificultades para la tramitación electrónica (hasta un 56% de los encuestados permite la presentación de ofertas en formato no electrónico, con los riesgos de anulación que ello conlleva).

Destaca el bajo porcentaje de ayuntamientos que han adoptado medidas de fomento de contratación para las PYMES (menos de un 30%), a pesar de ser éstas el principal motor económico de muchos municipios.

Un 68% de los municipios encuestados declara no haber utilizado ni tener intención de utilizar el procedimiento de asociación para la innovación.

Es en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (mayoritarios en Galicia), en los que se aprecian mayores dificultades para adaptarse a los nuevos modelos de contratación y para controlar el cumplimiento de los nuevos límites de los contratos menores (por poco tiempo si progresa el proyecto de LGPP…).

De hecho, los resultados de la encuesta manifiestan  que los ayuntamientos gallegos no acaban de conocer ni implementar las oportunidades de la LCSP, y algo más de la mitad de los encuestados afirman que es más una fuente de molestias y disfunciones que una oportunidad. Unas conclusiones que contrastan con las potenciales mejores que entraña este nuevo modelo de contratación pública, que redundarían en un refuerzo de la calidad de los servicios públicos y en un elemento de especial relevancia: la reducción de la corrupción.

  • Propuestas de mejora de la contratación pública local

Por ello, desde Red Localis y sobre la base de los resultados de la encuesta y el nuevo modelo de contratación, se formulan una serie de propuestas para mejorar la contratación pública local, que van desde:

  • escalar las exigencias legales en función del tamaño de los distintos ayuntamientos hasta potenciar el papel de las Diputaciones Provinciales;
  • apostar por la profesionalización de la contratación pública,
  • adoptar medidas de fomento de contratación con las PYMES,
  • o normalizar pliegos y documentos para facilitar una contratación socialmente responsable.  

Otro elemento interesante sería la sistematización y clarificación de los supuestos y límites en la aplicación de los contratos menores, de frecuente uso en el ámbito local, utilizados no siempre para los fines que fueron concebidos, y que han constituido uno de los ejes sobre los que han girado las  mayores polémicas.

En definitiva, aunque la LCSP es manifiestamente mejorable, es mejor que la norma anterior, por lo que aprovechemos las oportunidades que ofrece para mejorar la calidad de los servicios públicos y avanzar hacia el modelo de contratación socialmente responsable.

NOTA: Puedes consultar íntegramente el documento 10/2018 «Contratación pública (Ley 9/2017): Dificultades para implantar el nuevo modelo en el mundo local y propuestas de mejora», en el siguiente enlace.