El 9 de diciembre Día Internacional de Lucha contra la Corrupción no me gustaria dejar pasar la ocasión de recordar la necesidad de que todos los días deberían y deben ser de lucha contra la corrupción, y más que luchar contra la corrupción, debemos centrar los esfuerzos en prevenirla corrupción, para evitar vernos ante situaciones ya irreversibles, cuando el daño se ha producido ya y romper la espiral de desafección ciudadana.

Para ello son numerosas las medidas y acciones que pueden mejorar el marco de prevención y lucha contra la corrupción, entre las que podemos destacar las 10 siguientes:

1.- Regular el papel de los Lobbies

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno supuso un gran paso, pues éramos de los pocos países que no contábamos con esta normativa, pero en su regulación se observan importantes carencias, que, tras el tiempo transcurrido, desde su aprobación aconsejan ya una modificación.  

Y una de las más relevantes es la regulación de los lobbies y el papel que pueden desempeñar en la gestión pública, su existencia informal y que con frecuencia juegan un papel importante en la toma de decisiones públicas exigen máxima transparencia para garantizar que no consiguen situar sus interese particulares sobre el interés general, y para ello es necesario articular formalmente dicha participación.

2. Aprobar un estatuto de protección para el denunciante de buena fe

En España tampoco existe una normativa básica de protección al denunciante de buena fe, la normativa básica guarda también silencio sobre esta cuestión, por lo que salvo algunos ejemplos autonómicos, como Castilla y León, Aragón, Islas Baleares o Valencia, no se contempla una medida fundamental.

En la actualidad se encuentra en tramitación una Proposición de Ley de Lucha integral contra la corrupción y la protección del denunciante, pero el importante retraso en la tramitación, más de 2 años, nos indica la falta de interés político en su aprobación. Casos como el de Ana Garrido, en la Gürtel, o Azahara Montero, en Acuamed, demuestran la urgencia.

3.- Establecer un régimen sancionador

Y continuamos con las carencias regulatorias, porque pese al gran avance que ha supuesto la aprobación de una normativa básica en materia de transparencia, quizás  su mayor talón de Aquiles viene dado por la inexistencia de un régimen sancionador que penalice los incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia y buen gobierno.

Aunque algunas normativas autonómicas sí contemplan sanciones, la falta de generalización de las mismas impide la eficacia real de las previsiones legales, y genera un efecto desincentivador, de normas sin efectos reales, pues la falta de cultura de cumplimiento normativo hace que sin sanción no exista obligación, por lo que se deja a criterio de cada organización el nivel de cumplimiento.

4.- Reforzar y alineación de los órganos de control

Tras la aprobación de las numerosas iniciativas, normativas y no normativas, en materia de transparencia y buen gobierno, la eclosión de múltiples órganos de control: consejos/comisiones de transparencia, de acceso a la información, oficinas antifraude, …etc ha generalizado la percepción de que existen muchos órganos pero que son poco eficaces. El último ejemplo, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que crea la Oficina Independiente de  Regulación y Supervisión de la contratación, y establece obligaciones de informe adicionales, sobrecargando las obligaciones de los gestores.

Porque junto a éstos nuevos órganos se mantienen los tradicionales, como los OCEx y otros sistemas de auditoría y control interno, por lo que la aparición de nuevos casos de corrupción parecen apuntar a la necesidad de redefinir el modelo. Sería necesario, por una parte, alinear su funcionamiento para garantizar su coordinación y eficacia en su actuación, pero también dotarlos de potestad sancionadora y de medios personales y materiales suficientes y adecuados para poder ejercer su función.

5.- Promover el Gobierno abierto

La participación y colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas constituye un gran valor para prevenir y luchar contra la corrupción, la sociedad constituida en un agente más de lucha contra la corrupción es una gran aportación que exige el compromiso de la administración para facilitar esta colaboración.

De este modo, podría asegurarse una mejor rendición de cuentas, contando con la visión ciudadana para definir objetivos y ejecutar políticas, el III Plan de Gobierno Abierto ha supuesto un gran avance, pero puede hacerse más, y para ello los gobiernos locales constituyen una pieza clave, no sólo para acercar a la ciudadanía a la gestión pública, sino para integrarla en la misma

6.- Reconocer el carácter fundamental al derecho de acceso a la información

Pese a las múltiples demandas por parte de expertos y doctrina, el anclaje constitucional del derecho de acceso a la información en el artículo 105 en lugar del artículo 20 traslada un mensaje de debilidad en su configuración frente a otros modelos de derecho comparado que lo sitúan al máximo nivel regulatorio.

El derecho de acceso forma parte de ese derecho a una buena administración que reconoce el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, y su reconocimiento como derecho fundamental supondría no afecta únicamente a su naturaleza, sino también a su protección y posición en el ordenamiento jurídico, para evitar que los numerosos límites, causas de inadmisión y otras prescripciones legales se configuren como el mayor obstáculo en su ejercicio.

7.- Deslindar el ámbito de administración del ámbito de gobierno

La fusión e incluso, en ocasiones, confusión entre los niveles de gobierno y administración suponen un grave problema en la lucha contra la corrupción. La captura de puestos de perfil técnico por consignas políticas, las debilidades del nivel de nombramiento de determinados puestos, el control partidista de algunos  órganos y la politización de áreas de gestión técnica contaminan el servicio público, cambiando las prioridades de defensa del interés general por intereses ajenos al bien común.
Por ello, es preciso establecer mecanismos que garanticen la independencia e imparcialidad de los empleados públicos, y que eviten que puedan situarse en el punto de mira de objetivos políticos, pero también modificar la fuerte penetración de los intereses políticos en los ámbitos puros de administración.

8.- Incorporar el big data y la IA

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación suponen un gran aliado en la lucha y prevención contra la corrupción, los datos abiertos, la reutilización de la información y los múltiples escenarios que abre la Inteligencia Artificial son sólo un ejemplo de las infinitas utilizaciones de las NNTT, que deben incorporarse ya en esa dimensión.

Pero es que una adecuada gestión institucional de los datos puede ofrecer relevante información en un sistema de banderas rojas que evite la comisión de irregularidades, como SATAN (Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción), el sistema previsto en la Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental que crea el (Satan)

9.- Nombramiento de Presidencia del Consejo de Transparencia

El 19 de noviembre de 2017, hace ya casi 1 año, fallecía Esther Arizmendi, la primera Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una gran mujer y magnífica profesional que puso en pie este órgano de control y demostró su independencia y compromiso con los objetivos encomendados.

Pero casi 1 año después, el puesto sigue cubierto interinamente, y sin perjuicio de la gran labor que desarrolla el equipo actual, es preciso designar a un nuevo Presidente/a que pueda contar con un proyecto estable y de futuro en el ejercicio de sus funciones, tan necesarias a la luz de las importantes resistencias de la propia administración a cumplir su normativa.

10.- Informar y reforzar el papel de la ciudadanía

Los bajos porcentajes de solicitudes de acceso a la información, las dificultades en localizar la información de publicidad activa en los portales de transparencia, las resistencias a abrir procesos para la participación ciudadana, no contribuyen a que la sociedad se “crea” esto de la transparencia, y mucho menos a que se comprometa de un modo activo, su percepción es más de “trasparencia”.

Por ello es necesario fomentar e impulsar el conocimiento de los derechos de los que disponen, facilitar las herramientas para su ejercicio y que comprendan su utilidad real para la mejora del servicio público. Porque, al igual que en cualquier ámbito, el cambio cultural es básico, y es preciso contar con todos y cada uno de los ciudadanos para que se conviertan en agentes de lucha contra la corrupción, para pasar del mensaje de que lo público no es de nadie, a interiorizar que lo público es de todos y que el fraude, la corrupción y las conductas irregulares nos perjudican a toda la sociedad en su conjunto.

In Memorian, Esther Arizmendi