Mayo de 2021. Una ciudadana (podría ser cualquiera de nosotros) está intentando presentar una solicitud ante la administración pública. A medida que avanza en la tramitación observa que le piden un número, casi infinito, de documentos a adjuntar: acreditación de identidad, información fiscal, acreditación de inscripción en registro oficial y mucho más. Da igual la administración, podría ser un ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o la Administración del Estado. Con la burocracia hemos topado.
Y digo burocracia, pero de la mala, porque también la hay buena, la que garantiza derechos y aparta a la administración de la arbitrariedad, y nos protege a los ciudadanos, la que nos da seguridad jurídica. Mala porque existe un principio, reiteradamente incumplido, el de “una sola vez”, que impide que la administración, cualquier administración, exija documentación que ya tienen o que tiene otra administración pública. Y esto es así desde hace ya bastantes años, para evitar la molestia de tener que obtener de nuevo o entregar datos y documentos que la Administración ya posee, bien porque los ha elaborado, bien porque el ciudadano ya los entregó anteriormente. Y no como buena práctica, sino como obligación legal.
El sistema ya existe, es la Plataforma de Intermediación de Datos, la PID, a nivel del Estado, y también con plataformas autonómicas, Pasaxe!, en Galicia. Y no sólo existe, sino que funciona. Sólo en el año 2020 fueron efectuadas 1.237.582.068 transmisiones de datos y, por ejemplo, solo la consulta de los datos de identidad a la Dirección General de la Policía superó los 40 millones de intercambios. Es decir, no hablamos de hipótesis ni de proyectos futuros, sino de una realidad. También en Europa, donde este principio ya estaba recogidoen la Declaración de Tallin y se ha incorporado también a la Declaración de Berlín, que apuesta por unos servicios públicos digitales, transfronterizos e interoperables por defecto y que requieren que los usuarios proporcionen información una sola vez.
Consulta del DNI, de la declaración de la renta, listado de títulos universitarios y no universitarios, certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias, certificados de nacimiento, defunción, …y así hasta 140 servicios. Los datos disponibles son muchos y variados, aunque deberían de ser todavía más. Se trata de simplificar y reducir las cargas administrativas, a la ciudadanía, a las empresas, a los emprendedores que se ven abocados a una carrera de obstáculos para presentar cualquier solicitud ante la administración, con múltiples documentos que no tendrían que recabar ni presentar, porque tienen derecho a no hacerlo.
¿Por qué? Porque es más fácil pedir la documentación que recabarla a través de las herramientas digitales que ya tenemos. Porque las personas están indefensas ante el monopolio de una administración que exige montañas infinitas de documentación, que, sin embargo, otras no exigen. No lo pueden entender, y con razón. No se puede negar la evidencia, el laberinto de las relaciones con la administración pública exige saber con cuál te vas a relacionar, pues no sería la primera vez que dos ayuntamientos limítrofes actúan de un modo distinto. Misma ley, mismo procedimiento, pero distinta tramitación.
No tiene excusa ni explicación. Sobre todo, en el escenario actual, tan marcado por las nuevas tecnologías, en el que la automatización de la información permite la consulta automática a las bases de datos a disposición de las administraciones públicas sin mayores complicaciones. Hagámoslo fácil, y para ello es básico cumplir con el principio de una sola vez. Se trata, una vez más, de ser una administración eficaz y eficiente, centrada en el ciudadano, una administración ciudadanocéntrica. Una sola vez, por favor.
