No hay corrupción sin corruptor, ¿dónde están los sistemas de Compliance?

Cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción en la contratación pública, todos los focos apuntan —y con razón— a los representantes públicos implicados. A los responsables políticos que traicionan su deber, se lucran y manchan la función pública, sin olvidar a los empleados públicos que puedan verse afectados.

Pero ¿qué pasa con quienes pagan? ¿Con quienes corrompen?

Porque no hay corrupto sin corruptor, la ecuación necesita de ambos para materializarse.  Y demasiadas veces olvidamos mirar hacia el otro lado de la mesa: ese lado donde se sientan, en la mayoría de los casos, grandes empresas, con logos impecables, códigos de conducta brillantes y complejos sistemas de compliance, compliances officers… que, a la hora de la verdad, siguen alimentando la corrupción.

🔍 ¿Cómo es posible que estas empresas, muchas de ellas líderes del sector, con compliance officers, canales éticos, auditorías internas, ISO, políticas ESG y todo tipo de sellos de integridad, sigan pagando mordidas?

Habrá que hacerse algunas preguntas:

  • ¿Cómo se financian esas operaciones?
  • ¿De qué partida sale ese dinero?
  • ¿Quién autoriza esos pagos?
  • ¿Dónde está la supervisión?
  • Y, sobre todo: ¿dónde está la ética?

Porque  basta con hablar de integridad institucional, también es necesario (y urgente) hablar de integridad empresarial real. De una cultura ética que **no se compre con un informe, un buzón anónimo o un check en el Excel, de Diligencia debida, de una na cultura que llegue al consejo de administración, al comité de dirección, al CEO, el famoso «Tone fron the Top». Porque si se permite, se perpetúa.

 ¿Qué podemos hacer?

✅ Exigir mayor trazabilidad en los procesos empresariales vinculados a la contratación pública.
✅ *Incluir cláusulas éticas y mecanismos de integridad reforzada en los pliegos, con consecuencias reales y automáticas. El artículo 202 LCSP, permite, desde marzo de 2018, incluir condiciones especiales de ejecución de carácter ético, exigiendo los debidos estándares de cumplimiento a las empresas que contratan con el sector público.
✅ Vincular los sistemas de compliance al desempeño real, no a la estética corporativa. Establecer sistemas de cumplimiento que permitan comprobar la eficacia real de las medidas, pasar de la mera estética a la ética.
✅ Dotar de medios a los órganos de control, tanto públicos como privados, para detectar estas prácticas. En la empresa, los sistemas de gestión financiera, las asesorías, pero, sobre todo, los Compliance Officer deben poder intervenir de forma clara en casos de corrupción.
✅ Sancionar también a los corruptores. Con inhabilitación, prohibiciones de contratar, pérdida de contratos y, sí, consecuencias penales. No olvidemos que, desde el año 2010, el Código Penal español recoge la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Que se exija.  Porque si no se actúa sobre ambos lados de la ecuación, será imposible acabar de verdad con esta lacra. No significa que los responsables públicos no tengan que sufrir las consecuencias de sus acciones, incluso más , por la especial cualificación de su gestión de recursos públicos, pero cuando hablamos de corrupción, y de casos que suponen una gran pérdida de confianza por la ciudadanía hay que actuar en modo 360º, con todas las posibilidades que ofrece el sistema actual.