En el Día Internacional del Derecho a Saber y ante la brecha existente entre los accesos al Portal de Transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información hay que preguntarse por qué tras tantos años sin una normativa que desarrollase este derecho constitucional, los ciudadanos no hacen uso de él, pues un derecho que no se ejerce es como un derecho que no existe, y por qué aquéllos que hacen uso de él tienen una «pésima experiencia de usuario».
En el marco de esta reflexión intentaré exponer, desde la experiencia y sin perjuicio de las múltiples razones concurrentes, los factores más relevantes para explicar esta situación, pues para ofrecer soluciones primero será necesario diagnosticar el origen del problema:
1.- Desconocimiento
No sabemos que se puede preguntar. No sabemos qué (con acento) se puede preguntar. No sabemos cómo preguntar y no sabemos cómo reaccionar ante la falta de respuesta o ante la denegación del acceso a la información solicitada. La identificación general de la transparencia se produce con un Portal de Transparencia en el que existe información a libre disposición (en especial los aspectos patrimoniales y retributivos de los responsables públicos). De este modo se ha trasladado el foco de atención a la publicidad activa, olvidando la relevancia de la publicidad pasiva. ¿Culpables? Todos. Administraciones, responsables públicos, empleados públicos, medios de comunicación y también los propios ciudadanos.
2- Dificultades administrativas
A pesar de la amplitud con la que la Ley define el derecho de acceso, su ejercicio constituye una auténtica carrera de obstáculos. Causas de inadmisión, límites y protección de datos, acceso parcial, son actores invitados al procedimiento de acceso que, en función de cómo se interpreten y apliquen, pueden vaciar de contenido el derecho a la información. A estas circunstancias debe añadirse lo que, en mi opinión, constituye un anomalía en el funcionamiento de la administración pública pero que se ha convertido en toda una institución de nuestro sistema: el silencio administrativo. Que en este caso se impone en sentido negativo, por lo que la administración tiene en sus manos un recurso fácil, dar la callada por respuesta.
3.- Dificultades tecnológicas
Uno y mil clicks, redireccionamientos en bucle infinito, páginas que se cuelgan, formularios interminables e incomprensibles, exigencia de certificado electrónico…etc, La variedad de dificultades tecnológicas en el acceso es infinita. Más allá de las deficiencias en el diseño de las herramientas tecnológicas, una de las mayores críticas se produce por la exigencia de firma electrónica. A pesar de que la Ley sólo exige la identificación del solicitante, aspecto que cobra especial importancia en el ejercicio electrónico de este derecho. Esta obligación sitúa a los ciudadanos, a las personas físicas, en la obligación de disponer de un certificado electrónico, que, en muchos casos, constituye una dificultad insalvable, por lo que acabarán optando por la presentación en papel o, en la mayoría de las ocasiones, a desistir de su pretensión.
4.-Desconfianza
¿Para qué sirve? En esta pregunta subyace en esta desidia ciudadana una total falta de credibilidad de la eficacia real de este derecho. Los ciudadanos se preguntan ¿para qué voy a preguntar? total, no me van a responder y si me responden me van a engañar, o mejor dicho, no me van a decir toda la verdad. Se trata de una manifestación más de la falta de legitimidad y de la crisis de confianza en las instituciones. En ocasiones, el enemigo está dentro. Los propios responsables públicos e incluso empleados son los que convencen al ciudadano de que es mejor no preguntar. La esterilidad del esfuerzo y la desconfianza, constituyen un potente elemento desincentivador.
Además, en el ámbito local esta reticencia tiene especial impacto, en el que la cercanía y proximidad de la ciudadanía a los responsables públicos adquiere notas subjetivas, todos saben quién es quién y sin que sea extraño que se interpele directamente por la finalidad que se pretende dar a la información o las razones que obedecen a su solicitud, aunque la LTBG no exija motivación alguna, llegando incluso a recriminar la presentación de solicitudes de información.
Derecho a saber”: Propuestas de mejora para su eficacia
Analizada la situación de partida ahora toca proponer medidas que ayuden a mejorar la eficacia de un derecho con un amplio reconocimiento legal y evitar así un vaciamiento que lo convierta en meramente testimonial y residual. El inexistente régimen sancionador para los que incumplen sus obligaciones exige recurrir a medidas de refuerzo positivo que contribuyan a la creación de la cultura de transparencia más allá de la mera exposición de datos en una página web, medidas articuladas sobre las causas previamente diagnosticadas
1.- Frente al desconocimiento: información, información y más información
Sólo hay una solución para el desconocimiento: la información. Por ello resulta fundamental diseñar una estrategia de información sobre el contenido y alcance de este derecho. Que los ciudadanos sepan que todos, absolutamente todos, sin el tradicional handicap de la condición de interesado, pueden solicitar y obtener la información pública. Para ello es fundamental implicar a los principales actores sociales, como asociaciones, sindicatos y otros agentes, pero también a la ciudadanía en general, información que debe darse a través del Portal de Transparencia, pero también a través de acciones presenciales y a demanda, a través de los servicios públicos.
2.- Frente a las dificultades administrativas: formación y planificación interna
Nadie en la organización es ajeno a la transparencia, y tampoco al derecho de acceso. Es necesario, a nivel interno, adoptar dos tipos de medidas, rediseño procedimental, para garantizar la adecuada tramitación, y formación de los empleados públicos, para que conozcan el nuevo marco. Frente a los paradigmas tradicionales de la normativa anterior, habrá algunos casos en los que los empleados públicos no sean consciente de la nueva delimitación del derecho y de la clara consigna: libre acceso a la información. La creación de unidades de información, la asignación de la responsabilidad para resolver, y la impregnación en la cultura de la regla general de acceso libre, aún cuando concurran límites, datos a proteger o terceros, mediante la estandarización en el uso de las técnicas de anonimización o acceso parcial, constituyen elementos necesarios para superar las trabas iniciales.
3.- Frente a las dificultades tecnológicas: facilitar, simplificar y rediseñar
Desde un doble punto de vista. Por un lado facilitando el sistema de acceso evitando la exigencia de certificado electrónico para las solicitudes de información mediante la utilización de sistemas de identificación en clave de máxima sencillez. De esto ya se ha escrito hasta la saciedad. Pero también garantizando que el sistema de acceso, la herramienta tecnológica, no presente problemas adicionales como páginas que no responden, errores de diseño en los formularios, requerimiento de un tiempo excesivo para tramitar las solicitudes.
4.- Frente a la desconfianza: participación ciudadana y gobierno abierto
Si algo que debería ser tan sencillo como obtener información resulta una tarea que hace desistir a la mayoría de los ciudadanos no cabe duda de que aún estamos muy lejos del objetivo del gobierno abierto y la participación ciudadana, fin último de la transparencia. En el ámbito local, por la cercanía de los ciudadanos a los gobernantes, debería ser el más propicio para la implantación de las nuevas dinámicas, como hemos visto en recientes las distintas iniciativas experimentales que muchas entidades locales han puesto en marcha.
NOTA: Estas reflexiones fueron publicadas originalmente en mi blog de la Comunidad Novagob, y lamentablemente han envejecido muy bien… Porque “Un derecho vacío de contenido es un derecho que no existe”, un año más hay que poner en valor el derecho a saber, su ejercicio y la necesidad de orientar el servicio público a la máxima transparencia.
