Veintidos. Ése es el número de personas que han quedado libres tras una de las últimas reformas normativas, en particular, la del Código penal. La despenalización de la sedición ha sido en este caso el origen, aunque no estoy segura de que esa fuera la finalidad con la aprobación de esta reforma (consulta la noticia aquí). Estoy segura de que tampoco la aprobación de la conocida ley del “solo sí es si” pretendía el efecto de liberación de condenados por delitos contra la libertad sexual, un goteo que no cesa, pero así ha sido. Sería necesario algo de autocrítica y aprender la lección.
Porque a este escenario de caos normativo todavía se añade un problema más y es el de “sostenella e no enmedalla”, una vez que se comprueba la ineficacia, en el mejor de los casos, o las graves consecuencias, en el peor, de las normas aprobadas, en muchos casos el legislador se limita a mirar para otro lado o incluso a culpar a otros del problema generado (tenemos muy cerca algún ejemplo). No tiene sentido. El problema tiene, relativamente, fácil solución, modificación y al BOE y la próxima vez intentemos pensar en buenas leyes.
En España legislamos mucho y no demasiado bien. Aunque nos gusta hablar de la “better regulation”, de mejora de la calidad de la regulación, pero lo cierto es que desde hace ya muchos años las normas que se aprueban entre la actividad del poder ejecutivo y el legislativo no constituyen un ejemplo de buena práctica normativa, quizás porque el asesoramiento que reciben esos poderes no siempre es el correcto, quizás porque se ignora dicho asesoramiento. Hay que asegurarse de que lo que dice la norma y el objetivo que pretende están perfectamente alineados.
Y es que además tenemos muchas (demasiadas) leyes. Hasta 411.804. Según un estudio recientemente publicado por la Revista de las Cortes Generales (de Juan S. Mora Sanguinetti, «Las cuatrocientas mil normas de la democracia española. Cuantificación e impacto de la complejidad normativa de España»), ése es el número de nuevas normas aprobadas en el período comprendido entre 1979 y 2021. En particular y sólo en el año 2021, y como resultado de la actividad normativa de todos los niveles de administración, se aprobaron 12.704 normas sumando todos los niveles de la Administración. No es un problema nuevo ni exclusivo de España, ya Carl Schmidt hablaba de “legislación motorizada”.
Y en este caso tener más leyes no nos convierte en un Estado mejor. Si echamos una mirada a nuestro alrededor, España se sitúa en el puesto 23º de un total de 141 países analizados por el WEF en cuanto a la producción normativa. Pero, ojo, esa posición es engañosa, puesto que desciende hasta el puesto 114º si se tienen en cuenta las múltiples cargas administrativas que nuestro ordenamiento impone bien al inicio o en el desarrollo de la actividad económica.
Por eso debemos preguntarnos, ¿para qué sirven las leyes? Está claro que las leyes no hacen milagros, pero son una potente herramienta para cambiar las cosas, para proteger los derechos de las personas, y reforzar el Estado del bienestar, para la mejora de la sociedad en su conjunto. Las leyes no deben servir para premiar a los delincuentes, favorecer la comisión de delitos, ni añadir cargas administrativas, ni a empresas ni a personas particulares. Sin embargo, se me ocurren algunos ejemplos. Frente a las malas, excesivas e innecesarias leyes, pidamos que tanto gobierno como legisladores reflexionen sobre qué pretenden y cómo lo van a hacer, y solo si es necesaria esa ley, se asesoren con las personas expertas, con los profesionales y lo hagan bien. Legislar bien o incluso no legislar deberían de ser opciones a manejar.
PD: Sobre este tema reflexionábamos en el Foro Económico de Galicia con el documento «La reforma que la Administración necesita» .
PD: Esta entrada fue publicada como artículo de opinión en el Diario de Pontevedra en fecha 24 de enero de 2023
