La integridad pública no puede depender del destino de los fondos europeos. Reducir los planes antifraude al cumplimiento formal del PRTR es un error estratégico y una oportunidad perdida. El fraude, la corrupción y los conflictos de intereses no distinguen entre financiación europea, estatal o local: afectan a toda la gestión pública y erosionan la confianza ciudadana en cualquier ámbito.
Por eso, los planes antifraude deben extenderse al conjunto de la actividad administrativa, convirtiéndose en una herramienta estable, útil y verdaderamente operativa, no en un ejercicio de postureo ni en un documento que se guarda en un cajón tras la auditoría de turno. Su valor real reside en que ayuden a prevenir riesgos, refuercen la cultura ética y proporcionen garantías sólidas en los procedimientos sensibles.
Este checklist está diseñado precisamente para eso: comprobar en un vistazo rápido si el plan antifraude de una entidad es un mero trámite o un instrumento eficaz de integridad institucional. Una guía práctica para saber si estamos haciendo lo que decimos… y si lo que decimos sirve realmente para proteger lo público.
1. Compromiso institucional
- ☐ Declaración pública de tolerancia cero frente al fraude.
- ☐ Respaldo explícito de la alta dirección.
- ☐ Responsables y órganos competentes claramente identificados.
2. Análisis y mapa de riesgos
- ☐ Mapa de riesgos elaborado y actualizado.
- ☐ Identificación de procesos críticos (contratación, subvenciones, RRHH…).
- ☐ Valoración de probabilidad e impacto.
- ☐ Medidas de mitigación asignadas y revisadas periódicamente.
3. Medidas de prevención
- ☐ Protocolos de conflictos de intereses implementados.
- ☐ Declaraciones de intereses iniciales, anuales y por procedimiento.
- ☐ Actualización automática o bajo declaración responsable.
- ☐ Formación obligatoria en integridad para el personal.
4. Medidas de detección
- ☐ Canal de denuncias operativo, seguro, anónimo y confidencial.
- ☐ Indicadores de alerta temprana definidos.
- ☐ Revisión periódica de expedientes y patrones de riesgo.
- ☐ Procedimientos para gestionar comunicaciones anónimas.
5. Medidas de corrección y respuesta
- ☐ Protocolo claro para investigar incidentes de fraude.
- ☐ Medidas disciplinarias y administrativas definidas.
- ☐ Procedimiento de remisión a Fiscalía, Tribunal de Cuentas u otras autoridades.
- ☐ Registro y trazabilidad de todos los incidentes y medidas adoptadas.
6. Conflictos de intereses
- ☐ Protocolo DACI implantado: identificación, declaración y gestión.
- ☐ Declaraciones de intereses completas, actualizadas y verificables.
- ☐ Procedimiento claro para abstención y recusación.
- ☐ Registro de conflictos de intereses y medidas aplicadas.
- ☐ Evaluación periódica de situaciones sensibles (contratación, subvenciones, RRHH).
- ☐ Formación específica para responsables de unidades y miembros de órganos de selección o contratación.
7. Código ético y política de obsequios (Nuevo apartado)
- ☐ Código ético vigente, accesible y conocido por toda la organización.
- ☐ Principios de integridad, neutralidad e imparcialidad definidos.
- ☐ Política de obsequios y hospitalidad clara: límites, prohibiciones y excepciones.
- ☐ Registro obligatorio de obsequios/hospitalidad con supervisión periódica.
- ☐ Procedimiento para resolver dudas o situaciones no previstas.
- ☐ Comunicación interna periódica que refuerza el estándar de conducta esperado.
8. Conexión con el PRTR y demás normativa aplicable
- ☐ Cumplimiento de los requisitos PRTR (auto-evaluación, medidas 4E…).
- ☐ Coherencia con el sistema de control interno de la entidad.
- ☐ Alineación con normativa de contratación, subvenciones, transparencia y protección de datos.
9. Comunicación y cultura organizativa
- ☐ Plan publicado y accesible.
- ☐ Personal conocedor de sus obligaciones y canales de actuación.
- ☐ Cultura favorable a la información sin represalias.
- ☐ Campañas internas de sensibilización periódicas.
10. Evaluación y seguimiento
- ☐ Comité Antifraude constituido y activo.
- ☐ Informes de seguimiento periódicos.
- ☐ Revisión obligatoria anual del plan.
- ☐ Evidencias documentales completas para auditorías.
En definitiva, un plan antifraude solo tiene sentido si transforma la forma de gestionar, si detecta riesgos antes de que se materialicen y si coloca la integridad en el corazón de la organización. Aplicar este checklist no es un ejercicio formal: es una invitación a revisar con honestidad dónde estamos, qué falta por hacer y cómo convertir la prevención del fraude en un compromiso real y sostenido. La integridad no se proclama: se demuestra cada día en los procesos, en las decisiones y en la cultura interna de cada entidad. ¿Estamos preparados para dar ese paso?
